Stop Desahucios se moviliza para frenar el desahucio de Miguel Ángel

San Sebastián

Esta mañana se han reunido frente a las puertas de la sede del Banco Sabadell, Stop Desahucios y Miguel Ángel Medrano, el vecino irundarra de 80 años que, desde hoy, corre el peligro de ser desahuciado. No han estado solos. A la cita se han sumado diferentes plataformas que cuentan, también, con vecinos afectados por irrupción de fondos buitre en sus relaciones contractuales, Inquilinos Azora y Lokairu, representantes políticos, tanto los concejales del Ayuntamiento de Irún, Cristina Laborda y David Nuño, como parlamentarios vascos, y miembros de la sociedad civil. Todos unidos por un mismo propósito: impedir que Promontoria Coliseum Real Estate, propietario del piso del octogenario, inicie el desahucio judicial y, en consecuencia, renueve el contrato de Medrano.

Medrano lleva 42 años viviendo en su domicilio. El afectado avaló con su vivienda el préstamo del Banco Sabadell para un negocio que su hijo no pudo pagar debido a la crisis financiera. En respuesta a su situación de vulnerabilidad, obtuvo una dación en pago con contrato de alquiler social de tres años, improrrogables, que finalizó el 24 de enero de 2021, pero que, gracias a la mediación del Gobierno Municipal de Irún, se logró ampliar por un año más. El pasado mes de julio, Medrano recibió un burofax en el que se le comunicaba que debía entregar las llaves y abandonar su vivienda antes del 24 de enero de 2023, pues, de lo contrario, procederían a presentar una demanda de desahucio, ejercitable el día siguiente a la expiración del contrato de arrendamiento.

Durante este tiempo, han estado negociando con Salvia, entidad que gestiona las propiedades del fondo buitre, para conseguir una renovación del contrato de alquiler por siete años, tal y como estipula la ley. En este sentido, y con el objetivo de lograr la ampliación, el arrendatario se ha visto obligado a presentar una oferta que multiplica la renta, pasando de 315 a 600 euros. Una propuesta que, a pesar de contar con la ayuda municipal, supone un gran esfuerzo para Medrano, ya que su pensión es de 1.100 euros. Aún así, el propietario la ha rechazado la oferta y, al no haber entregado las llaves y abandonado el domicilio voluntariamente, todo apunta a que pueda interponer la demanda de desahucio.

El Ayuntamiento de Irun ha señalado que los servicios sociales municipales trabajan en este caso desde que tuvo conocimiento y ha recordado que participó en las gestiones que cristalizaron en una prórroga de estancia en la vivienda. Según afirma, el consistorio irundarra "ha seguido el protocolo de coordinación con los juzgados emitiendo los informes correspondientes para constatar el estado de vulnerabilidad" de la persona afectada y ha ofrecido acceso a las prestaciones económicas disponibles para evitar que el vecino se quede en la calle.

Mª Mar y Ramona, en una situación similar

El de Medrano se suma a una larga lista de vecinos afectados por los Fondos Buitre. Entre ellas, Mª Mar y Ramona dos pensionistas donostiarras que se encuentran en una situación parecida después de que KutxaBank y CaixaBank vendieran sus viviendas, a precio de saldo, a Zima Finances y Coral Home respectivamente, dos fondos buitre que operan en Donostia y que se unen a Azora, que persigue desalojar tres fincas en Gros para convertirlas en viviendas de lujo o Blackstone, propietario mayoritario de las VPO de Benta Berri y que espera a que pierdan su condición de "protegidas" en julio de 2028 para poder especular con ellas.