Iñaki Subijana, presidente del TSJPV: "No hay ninguna vinculación entre la ideología de los jueces y la rebaja de las penas"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, analiza en 'Hora 14 Euskadi' la actualidad judicial: el aniversario del derrumbe del vertedero de Zaldibar, las consecuencias de la aplicación de la Ley del "solo sí es sí" y la preocupación por la salud mental en el sistema judicial.

Estamos a punto de cumplir tres años del derrumbe del vertedero de Zaldibar, que costó dos vidas. ¿Cuál es la situación de este asunto en los juzgados?

Ese hecho provocó dos procedimientos, uno que tenía como referente un delito contra los derechos de los trabajadores y otro que tenía como referente un delito medioambiental. El primero finalizó con una conformidad entre las acusaciones y las defensas, fijando unos marcos punitivos y unas indemnizaciones a cargo de los tres responsables de las empresas. El segundo está en trámite. Dentro dela instrucción, la investigación del delito medioambiental todavía no se ha finalizado. Estamos en trámite.

¿Está avanzada? ¿Hay algún plazo?

Está avanzada, pero todavía faltan actos de instrucción. Eso pone de manifiesto los puntos débiles del sistema judicial cuando se enfrenta a instrucciones de esta complejidad.

Sobre la Ley del 'solo sí es sí'. En primer lugar, vamos a quedarnos con lo numérico. ¿Qué balance se hace en las tres Audiencias en cuanto a rebajas y excarcelaciones?

Ahora mismo son 111 los procedimientos en los cuales se ha instado a la revisión. De esos 111, se han resuelto 104 (73 en Bizkaia, 12 en Gipuzkoa y 19 en Álava) y hay 7 pendientes de resolución (5 en Álava y 2 en Gipuzkoa). De los 104 que se han resuelto, en 58 se ha decidido no rebajar la pena (40 en Bizkaia, 10 en Gipuzkoa y 8 en Álava) y en 46 se ha revisado a la baja (33 en Bizkaia, 2 en Gipuzkoa y 11 en Álava). Y ha habido 5 excarcelaciones (3 en Bizkaia y 2 en Álava).

Con lo cual, ambas opciones, mantener la pena y revisar a la baja, son posibles.

EL marco normativo lo marca el Artículo 2 del Código Penal, que es el que habla de la retroactividad de la ley penal más favorable. Dentro de ese marco hay situaciones objetivas, en el sentido de que van a generar una revisión sí o sí. Los ejemplos paradigmáticos son el delito de agresión sexual y el de violación. El de agresión sexual antes tenía como pena máxima cinco años. Ahora, cuatro. Eso significa que en aquellos casos en los que se ha condenado a más de cuatro años se van a revisar sí o sí. El delito de violación antes tenía un marco penal que iba de seis a doce años. Ahora, es de cuatro a doce años. Eso significa que en aquellos casos en los que se ha condenado a penas de más de seis años, cuando la pena mínima son cuatro años, también son susceptibles de revisión.

Luego, hay otro abanico de situaciones que exigen una ponderación caso por caso, para ver si a partir de los hechos probados de la sentencia y de la valoración jurídica de la sentencia la pena que se le puede imponer conforme a la nueva ley es o no más favorable que la que se impuso en su momento.

¿Usted ve vinculación entre el tipo de decisión que se está tomando y la ideología de los jueces o es una cuestión técnica?

Ninguna vinculación. Es una cuestión estrictamente técnica. Se ha hablado de que a los jueces o juezas les falta perspectiva de género en este ámbito. Yo creo que hay que definir qué es la perspectiva de género. Significa que, en la interpretación de las normas jurídicas, hay que tener en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y eso justifica elementos de protección reforzada en muchos casos. Hay que distinguir eso de la aplicación de un principio, el de la retroactividad de la ley penal más favorable, que lleva muchísimos años en la legislación y que no tiene nada que ver con la interpretación de la norma en clave de protección reforzada de las mujeres.

¿Cuál es el sentimiento que le suscita el debate público que se está produciendo sobre los jueces?

La política democrática conlleva que todos los poderes públicos están sujetos a un escrutinio de los ciudadanos y ciudadanas, y hay que asumir que el poder judicial también es sujeto de esa valoración. Puede haber valoraciones con más o menos justificación argumental, pero hay que acostumbrarse e interiorizar que en el debate democrático no hay ningún poder público que esté exento de esa labor crítica de reflexión y valoración.

La semana pasada, el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, que ha renovado su cargo recientemente, decía que todo el mundo tiene derecho a ser tratado en Euskera en la administración de Justicia. ¿Era demasiado optimista?

A nivel de comunicación, cualquier ciudadano tiene el derecho de comunicarse con el sistema de Justicia en castellano y en euskera. Eso está vigente y se ejercita.

¿Y los juicios?

Eso exige una petición y que todos los actores del juicio conozcan el euskera. Ahora estamos en un momento en el que nunca hemos tenido tantas juezas y jueces que conozcan el euskera. Sobre todo en Gipuzkoa. Y eso hay que ponerlo en valor.

Le quiero preguntar por la salud mental. Le hemos escuchado defender un modo de tomarse su labor desde una perspectiva no estrictamente punitiva. ¿Qué papel juega la salud mental en todo esto?

Hay que ser conscientes de que hay un porcentaje de personas que están cumpliendo penas y que tienen un trastorno mental. La apuesta es un modelo de justicia terapéutica que conecte el sistema público de salud con el sistema de justicia. A través de esa conexión, se buscamos que se logren dos cuestiones fundamentales. Primero, que se pueda conocer que alguien sufre una patología mental en un procedimiento. Segundo, que en el momento de tomar decisiones judiciales las tomen los jueces desde ese conocimiento y articulando un sistema de respuesta que busca lograr el objetivo terapéutico de atención a la persona enferma en un espacio en el que predomine el objetivo terapéutico sobre el de la exclusión.

¿Hay algún resultado sobre el plan piloto que se puso en marcha en Gipuzkoa?

Ahora mismo tenemos un porcentaje muy elevado de personas a las que se les ha diagnosticado un trastorno mental y que están en ambulatorios o en situaciones de internamiento, en centros específicos adaptados a la morfología y las particularidades de la patología que sufren.

Recientemente, hemos podido contar con usted en unas jornadas sobre el "Modelo Barnahus". ¿Las víctimas de la violencia de género serán las siguientes en beneficiarse de ese modelo?

Hay algunas víctimas de violencia de género que, cuando son niños o niñas, se pueden beneficiar de ese modelo, que busca construir un espacio específico para ellos, en el que se pueden llevar a cabo un conjunto de actuaciones de atención y acompañamiento, y donde se puede insertar la prueba preconstituida, que se puede llevar a cabo con todas las garantías pero en un espacio lo más cercano posible al niño o la niña.