Derrumbe del vertedero de Zaldibar: las claves tres años después

1. ¿Qué pasó?

bilbao

Un desprendimiento de tierra provocó el derrumbe de 800.000 metros cúbicos de tierra y basura, el equivalente a la capacidad de 32.000 camiones llenos que, puestos en fila, llegarían desde Zaldibar hasta Zaragoza. El alud sepultó a dos trabajadores, Alberto Sololuze de 62 años y Joaquín Beltrán, de 51.

2. La búsqueda

El operativo de búsqueda fue inabarcable y quedaron condicionados a que un mes después del desastre estalla la pandemia de la covid que condicionó todo el operativo. Los restos de Alberto Sololuze fueron hallados seis meses después, en agosto de 2020. y los de Joaquín Beltrán, que por cierto, había alertado días antes del riesgo que corría la instalación, han quedado enterrados para siempre. En mayo de 2021 se suspendieron las labores de búsqueda.

3. Irregularidades

Joaquín avisó a la empresa de las irregularidades de la instalación. "Esos movimientos de tierra son normales" le respondieron. Un informe del organismo estatal CEDEX constata que en los días previos al desplome se produjeron movimientos del doble e incluso del triple de lo habitual, de 0,2 metros a 2,2 hasta 3,5

4. Responsabilidades

Por un lado. el Gobierno vasco reclama casi 29 millones de euros a la empresa por los trabajos de desescombro. El caso judicial se ha divido en dos; la imputación a la empresa por doble homicidio imprudente. Los responsables de Verter Recyclin admitieron su culpabilidad y accedieron al abono de las indemnizaciones para evitar su entrada en prisión. 1.450.000 euros a la familia de Joaquín Beltrán y 1.300.000 a la de Alberto Sololuze. Este caso ya está cerrado. El otro es el delito medioambiental. El juzgado de Durango ha imputado, además de a los responsables de le empresa a tres técnicos del Gobierno vasco por un presunto delito de prevaricación imprudente por dar autorización a la empresa para su actividad y no haber actuado en las inspecciones. El juez también investiga a directivos de una empresa encargada de los estudios medioambientales, contratada por Verter Recyclin por falsificar documentos

5. Cambios en la gestión de los vertederos

¿Ha cambiado algo desde entonces en la gestión de estas instalaciones? Sí en a medida en que la crisis de Zaldibar ha obligado a tomar este asunto más en serio. El Gobierno vasco ha elaborado un plan de gestión con el horizonte en 2030 para que el volumen de vertido de estos residuos ese año se sitúe en el 15% del total generado. Pero la falta del vertedero de Zaldibar obliga a distribuir esos residuos en ocho centros en Euskadi. Gardelegi, en Araba; Epele y Aizmendi, en Gipuzkoa; e Igorre, Bistibieta, Betearte, Zalla y la futura restauración ambiental de Artxanda, en Bizkaia. De todos estos, solo se contempla que estén abiertos cuatro después de 2030. Hasta ese año se clausurarán Betearte, en Mallabia en 2024, Epele en Elorregi-Gipuzkoa) en 2025, Bistibieta, en Lemoa en 2027 y en 2030, Artxanda. Otras medidas de ese plan y que entrará en vigor el año que viene es el canon de 20 euros por tonelada depositada en vertedero y reforzar las inspecciones

Homenaje

Cerca de 300 personas han tomado parte en Zaldibar en el homenaje a los trabajadores Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, que fallecieron tras el derrumbe hace tres años del vertedero de esta localidad.

Ambos operarios han sido recordados en el barrio de Eitzaga con una ofrenda floral junto a la escultura instalada en su recuerdo en un acto organizado por la plataforma Zaldibar Argitu con el apoyo de las agrupaciones y sindicatos de La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria.

Tras la intervención de un músico, un vecino de este barrio, localizado al pie del antiguo vertedero, ha leído un comunicado en el que, en nombre de la plataforma Zaldibar Argitu, ha asegurado que el derrumbe de la escombrera y la muerte de ambos operarios "se podría haber evitado".

También ha afirmado que la "catástrofe" de Zaldibar tiene "responsabilidades políticas directas", que, ha insistido, deben ser "aclaradas y depuradas".

En este sentido, ha recordado que un juzgado de Durango mantiene abierto un procedimiento por presuntos delitos contra el Medio Ambiente en la gestión de este vertedero.

Ha indicado que el próximo 28 de febrero están llamados a declarar por este asunto varios técnicos del Gobierno Vasco, por lo que esta plataforma ha organizado una concentración a las puertas de esta sede judicial.

En concreto ese día están citados como investigados tres técnicos de Medio Ambiente del Ejecutivo autonómico.

A dos de ellos se les cita como técnicos pertenecientes al servicio de Inspección de la Viceconsejería de Medio Ambiente que intervinieron en la concesión a Verter Recycling -empresa responsable del vertedero- de la autorización ambiental que "permitió el inicio de la explotación del vertedero".

La tercera persona investigada está citada por su intervención en las "inspecciones programadas" en el vertedero en 2017.

El Departamento vasco de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente ha mostrado su "colaboración absoluta con el proceso judicial" y mantiene que son los "principales interesados en que todo se aclare".

En el homenaje celebrado este domingo, en la víspera del tercera aniversario del derrumbe, el representante de la plataforma Zaldiabr Argitu ha afirmado sin embargo que los representantes del Gobierno Vasco han arrojado "mucha oscuridad y poca luz" sobre este suceso.

También ha censurado que ninguno de los miembros del Ejecutivo autónomo haya asumido "responsabilidades directas" por este tema.

El vertedero se derrumbó el 6 de febrero de 2020 sepultando a los dos operarios. Seis meses después fueron encontrados los restos del cuerpo de Sololuze.

El operativo de búsqueda de su compañero continúo sin éxito hasta mayo de 2021 cuando finalmente fue suspendida.

El procedimiento judicial por el fallecimiento de los dos trabajadores se cerró en septiembre de 2021 con un acuerdo entre la Fiscalía y los imputados, los tres responsables de Verter Recycling, que asumieron su responsabilidad en esas muertes aceptando una pena de seis meses de prisión e indemnizaron a las familias de los fallecidos, y eludieron así entrar en la cárcel.