Notarios y sidreros, investigados por competencia

Bilbao

La presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, Alba Urresola, ha presentado esta mañana en el Parlamento Vasco su memoria del año pasado y el plan de Acción 2023. Urresola ha señalado que, a día de hoy, este organismo ha incoado cuatro expedientes, entre ellos uno contra el Colegio de Notarios de País Vasco y otro contra el Consejo Regulador de Euskal Sagardoa.

Urresola ha explicado que en este momento trabaja en cuatro expedientes sancionadores, uno de los cuales se incoó en 2022 y está ahora en fase de instrucción. Se refiere a las licitaciones de la empresa informática del Gobierno Vasco, EJIE, y en él hay 13 empresas investigadas por posibles prácticas colusorias.

Los otros tres expedientes se han abierto este 2023. Uno de ellos investiga si el Colegio Notarial del País Vasco ha planteado una "conducta de recomendación colectiva en los precios de las escrituras o pólizas notariales" en las moratorias de préstamos por el covid.

También por un posible pacto de precios se ha abierto un expediente al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Euskal Sagardoa. El otro expediente se ha incoado a las sociedades Furesa y Memora por un posible abuso de posición de dominio en el mercado funerario en Villabona.

El año pasado la Autoridad Vasca de la Competencia trabajó en 124 expedientes, se investigaron 31 asuntos y se tramitaron 6 expedientes. El ejercicio terminó con cuatro sanciones en asuntos que se arrastraban de 2021: la investigación a 36 inmobiliarias de Bilbao por comisiones cobradas por el alquiler, a una empresa de fumigaciones por abusar de su posición "monopolística", a dos empresas funerarias de Gipuzkoa por abuso de posición de dominio, y a dos empresas que pactaron durante cinco años licitaciones del Ayuntamiento de Bilbao.

En total el año pasado la Autoridad Vasca de la Competencia impuso multas por valor de 252.000 euros, el doble de la cantidad con la que se multó en 2021.

En 2022 la AVC incoó dos nuevos expedientes. Así, detectó una recomendación colectiva de una asociación de bares y restaurantes de Getaria (Getabat) para subir los precios de las consumiciones, que fue "desactivada" tras aceptar la asociación dar marcha atrás. El segundo expediente abierto el año pasado es el relativo a las ya citadas licitaciones de EJIE.

En su intervención, Urresola ha presentado también el 'Plan de Acción de 2023' de la AVC, aprobado por el Consejo de esta entidad el pasado 30 de enero.

En este documento se recoge la intención de la AVC de realizar un estudio sobre sector de la distribución de alimentos básicos, con el fin de analizar --al margen del peso que sobre esta cuestión tiene la inflación-- qué factores relacionados con la competencia pueden influir en el actual encarecimiento de precios.

Urresola ha informado de que la AVC analizará este año sectores de alto impacto social. En concreto, estudiará la liberalización del transporte ferroviario y su afectación a las líneas de cercanías. También en materia de transporte, ha recordado que, recientemente, el Tribunal Supremo ha anulado las disposiciones que la AVC recurrió del decreto de VTC sobre precontratación de 30 minutos y prohibición de geolocalización