El Ararteko pide a Lakua que cree un régimen de primer grado para presos peligrosos en las cárceles vascas

El Ararteko ha dictado una resolución en la que recomienda al departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco que valore la necesidad de crear en las cárceles de la Comunidad un régimen de primer grado orientado a la reinserción, "como corresponde a una administración penitenciaria integral". El Defensor del pueblo vasco argumenta que la ausencia de este régimen obliga a trasladar fuera de Euskadi a los presos clasificados en ese grado, favoreciendo el desarraigo y perjudicando su reinserción. Así, considera que los traslados fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi deben ser excepcionales y responder, a la inadaptación o necesidades individualizadas de la persona, "y no tanto a la inexistencia de recursos en términos de clasificación de la Administración penitenciaria vasca".

La resolución, con fecha de 27 de febrero pero publicada esta semana, responde a la queja de un preso que, por haber participado en una pelea multitudinaria en la prisión de Basauri (Bizkaia) en julio del año pasado, fue trasladado en septiembre al Centro Penitenciario de Dueñas (Palencia), después de que la Junta de Tratamiento del centro Penitenciario de Bilbao decidiera por unanimidad su regresión a primer grado. El Defensor del pueblo vasco no cuestiona la regresión, ya que el Reglamento Penitenciario establece que serán clasificados en primer grado aquellos internos "calificados de peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta y grave a las normas generales de convivencia ordenada", incluyendo “la participación activa en motines, plantes, agresiones físicas, amenazas o coacciones”.

Sin embargo, el Ararteko advierte de las consecuencias que esos traslados tienen en los reclusos y concluye que "el traslado y con ello, el alejamiento de las personas que cumplen condena en Euskadi a consecuencia de incidentes regimentales", como clasificación en primer grado, "puede favorecer el desarraigo y perjudicar la reinserción social de la persona, al alejarla del medio al que retornará en libertad que es, justamente, lo que todo el entramado jurídico pretende evitar". La institución que presidente Manu Lezertua recuerda que la Ley Orgánica General Penitenciaria "es clara cuando establece que, en todo caso, se procurará que en cada área territorial se cuente con el número suficiente de establecimientos penitenciarios para cubrir las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo social de los penados".

En consecuencia, reclama que se tome en consideración una "implementación garantista y orientada a la reinserción social del régimen cerrado". Asimismo, que, mientras no se establezca dicho régimen en Euskadi, "se adopten las medidas oportunas de seguimiento y coordinación con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para asegurar que estos traslados no sólo no interrumpan, sino que se integren en los procesos individuales de reeducación y reinserción social en Euskadi a futuro de las personas que cumplen penas privativas de libertad".

En su resolución, el Ararteko dice ser conocedor de que el régimen cerrado "presenta particularidades y obstáculos para su implementación", como la dificultad para constituir el equipo técnico especializado, sobre todo, añade, porque "existe una insuficiencia de personal profesional y cualificado en la Administración Penitenciaria Vasca y una sobrecarga de trabajo de los efectivos existentes". Pese a todo, considera que "esto no debería ser óbice para evitar los efectos negativos y limitantes que la situación actual produce en los procesos individuales de las personas en prisión".

En la misma resolución, el Ararteko recomienza al Gobierno vasco que adopte medidas para evitar que en el futuro se produzcan omisiones en la comunicación de aplicación de medios coercitivos; que en los supuestos de malos tratos se conserven las imágenes, como regla general, el tiempo máximo marcado legalmente y se eviten los traslados.