Piden 163 años de cárcel para 29 acusados de traficar con droga en Irun
A los procesados, que serán juzgados próximamente en la Audiencia de Gipuzkoa, se les acusa de vender hachís y cocaína en pequeñas cantidades entre los años 2014 y 2016

Piden 163 años de prisión para 29 personas por tráfico de drogas.

San Sebastián
La Fiscalía de Gipuzkoa pide penas que suman 163 años de prisión para 29 personas como presuntos componentes de "un grupo criminal" que funcionaba de manera "coordinada" en la frontera de Irun, y a los que acusa de vender hachís y cocaína en pequeñas cantidades entre los años 2014 y 2016. A todos los procesados, que serán juzgados próximamente en la Audiencia de Gipuzkoa, se les imputan delitos contra la salud pública.
Así, el Ministerio Público solicita condenas de dos años de prisión para aquellos que tenían en su poder o habían vendido únicamente hachís y de cuatro años y seis meses para quienes fueron sorprendidos también con cocaína, según consta en la calificación fiscal a la que ha tenido acceso EFE. A seis de ellos se les aplica además la agravante de reincidencia.

Los imputados realizaban funciones tanto de "liderazgo", en "agrupaciones temporales que conformaban para asegurar la venta de la droga con impunidad", como de "suministro y transporte" de las sustancias. A ello se añaden tareas de "aseguramiento de la transacción (aguadores) mediante la contra-vigilancia y alerta respecto de la actividad preventiva policial, tanto a media distancia desde posiciones estratégicas estables como a corta distancia e inmediata proximidad desde posiciones variables", así como de "contacto, negociación y fijación de las condiciones de la venta (captadores)" y "ejecutivas en relación con la venta final y entrega de la droga".
Los miembros del grupo desarrollaban estas labores en la zona de Behobia "de forma coordinada desde estas posiciones de seguridad con el fin de eludir la actividad preventiva policial". Añade que el grupo criminal "hacía uso de los domicilios de sus integrantes y de inmuebles desocupados para almacenar las sustancias ilícitas, reunirse y para depositar temporalmente las dosis de droga y otros instrumentos relacionados con la actividad ilícita".
Para los acusados, nacidos entre 1970 y 1989, excepto la mujer, que tiene 63 años, el Ministerio Público solicita también multas que suman 202.000 euros. Además, en algunos casos reclama la expulsión del procesado de territorio español.




