Los Agentes de la Propiedad temen una "quimera" en la regulación de las zonas tensionadas por el alquiler

San Sebastián

Los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad en Euskadi se muestran cautos ante el acuerdo de gobierno para cerrar la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda que pondrá topes al precio del alquiler en España. Normativa en la que "quedan incógnitas por despejar" pero podría suponer una "quimera" para los ayuntamientos que asuman las competencias en zonas tensionadas, es decir, en las que los inquilinos destinen más del 30 % de sus ingresos medios al pago del alquiler, o que los precios hayan subido durante los últimos 5 años un 3 % por encima del IPC.

"Quedan muchas incógnitas sobre cómo se va a regular ese 2% este año y un 3% en 2024, cómo se va a relacional con los Índices del IPC", explica a Cadena SER Euskadi José Luis Polo, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Gipuzkoa, "una de las grandes incógnitas para que funcione se basa en las áreas tensionadas, con los niveles de información con los que contamos puede ser una quimera inalcanzable".

Después de que la ley haya estado paralizada, sobre todo en el límite que habría que poner en la renovación anual de los contratos de alquiler, y días después de que Unidas Podemos haya registrado una proposición de Ley para que el firmante de una hipoteca pueda pasar del tipo de interés variable al tipo fijo de forma gratuita dentro de la misma entidad, ERC y EH Bildu cerraban un pacto para aprobar esta norma.

Según el Colegio de Agentes de la Propiedad en Gipuzkoa, una norma que no recoge peticiones con años de recorrido. "Estábamos demandando que se acometiera una normativa en pro de la transparencia del mercado y se nos pusieran obligaciones a las personas que trabajamos junto al consumidor que se juega sus ahorros por conseguir una vivienda", explica Polo, "creo que la Ley ignora esa petición por parte del Colegio".

Polo apuesta por un cambio de impresiones "entre diferentes" y llevar la materia al debate público para no caer en "individualismos", e insiste en la necesidad de "ver el recorrido del reglamento" de la Ley que forma parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno con Bruselas para recibir el cuarto tramo de fondos de recuperación europeos.