La Diputación recurre la sentencia que anula la OPE en la Fundación Uliazpi por exigir euskera

San Sebastián

La Diputación de Gipuzkoa ha recurrido la sentencia del TSJPV que anuló la convocatoria de 34 plazas de cuidador de los centros residenciales del organismo autónomo foral Fundación Uliazpi, en 32 de las cuales se exigía acreditar el perfil dos de euskera y en las dos restantes se valoraba como mérito.

En concreto, la institución foral ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por infracción del Derecho estatal y otro recurso ante el propio Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por infracción del Derecho autonómico, ha informado la Diputación en un comunicado. La portavoz foral, Eider Mendoza, ha recordado que la Diputación consideró esta sentencia "absolutamente injusta desde el punto de vista de los derechos de los euskaldunes".

Mendoza ha mostrado su convencimiento de que una "una amplia mayoría de la sociedad está de acuerdo con que los servidores públicos sepan hablar euskera". Ha aludido, en ese sentido, a los resultados del sociómetro de primavera, publicado la semana pasada, en el que los guipuzcoanos muestran un grado de acuerdo de 7,67 puntos sobre 10 ante la afirmación de que el personal de la administración pública debe saber euskera.

Requisito "desproporcionado"

En su sentencia anulatoria, el TSJPV admitió que por sus funciones y por la relación del empleado con las personas usuarias y sus familiares, los puestos de la OPE de Uliazpi exigen el conocimiento de los dos idiomas oficiales en la Comunidad Autónoma vasca. Sin embargo, el tribunal consideró que exigir el perfil 2 como requisito para acceder a 32 de las 34 plazas es "desproporcionado" y "vulnera" el derecho de las personas recurrentes a acceder a ellas en condiciones de igualdad.

Frente a esta decisión judicial, la institución foral ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por infracción del Derecho estatal al entender que la sentencia vulnera los preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público que obligan a las administraciones públicas a seleccionar empleados debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las comunidades autónomas que tengan dos lenguas oficiales.

Simultáneamente, la Diputación ha presentado otro recurso de casación ante el propio Tribunal Superior de Justicia de País Vasco por infracción del derecho autonómico al entender en este caso que la sentencia infringe los preceptos de la Ley de la Función Pública Vasca que regulan la adecuación de los procesos de selección de personal a los perfiles lingüísticos asignados a los puestos de trabajo, preceptos que, a su juicio, "interpreta de forma contradictoria con sentencias anteriores" del mismo TSJPV.