El Gobierno vasco recurrirá ante el Constitucional la Ley de Vivienda con la oposición de los consejeros socialistas, entre ellos el de Vivienda

vitoria

El Consejo de Gobierno vasco ha aprobado este martes la interposición ante el Tribunal Constitucional de un recurso de inconstitucionalidad contra siete artículos y cuatro disposiciones de la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda. La decisión sigue la línea argumental que el PNV usó para oponerse a la Ley en el Congreso de los Diputados, ya que considera que el Gobierno central "vulnera competencias de Euskadi en materia de vivienda" y se ha adoptado en contra del criterio de los tres consejeros socialistas, entre ellos el responsable de Vivienda.

La decisión ha sido adoptada por la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, que la justifica en un informe elaborado por su Servicio Jurídico central. El documento "pone de manifiesto que con la nueva ley el Estado viene a normar sobre asuntos concretos que no están regulados en la legislación vasca pero que son competencia de Euskadi. De este modo, ocupa nuestro espacio para poder desarrollar políticas propias en materia de vivienda, generando, al mismo tiempo, inseguridad jurídica sobre la normativa a aplicar. Se trata de la imposición a Euskadi de ciertas medidas y medios para llevarlas a cabo en aspectos de materia de vivienda que son competencia exclusiva de esta comunidad autónoma", reza la nota difundida por el Ejecutivo.

El Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno considera que "el Estado se adentra en aspectos que no le corresponden y que son de la exclusiva competencia autonómica. Pretende ser el único poder público que defina la función social de la vivienda, o regular en profundidad las acciones públicas promotoras de vivienda o la política pública de acceso a la vivienda. De este modo, a la Comunidad Autónoma Vasca solo le queda ser mera ejecutora. La competencia normativa vasca en materia de vivienda queda vaciada completamente".

Los artículos recurridos que vulnerarían las competencias del Gobierno vasco son los que regulan las reservas de suelo destinadas a VPO, el patrimonio público del suelo, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado,

Por último, el Gobierno vasco acusa al central de ejecutar "de manera deliberada" una "estrategia recentralizadora", que "está obviando que en el Estado existen realidades diferentes y gestiones muy diferenciadas" y recuerda que Euskadi se sitúa como la Comunidad Autónoma que más VPO ha construido, solo por detrás de Andalucía, "comunidad que cuadriplica nuestra población".

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Pese a todo lo anterior, el Gobierno vasco ha exigido al central que abra un proceso de diálogo en el plazo previo legalmente previsto en el seno de la Comisión bilateral de cooperación para evitar la interposición del recurso.

Disconformidad socialista

Por su parte, los consejeros socialistas han manifestado en el seno del Consejo su disconformidad con la decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley por el Derecho a la Vivienda del Gobierno de España y han pedido que su postura conste en acta.

Fuentes socialistas aseguran que el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, considera que "la ley española es muy explícita en el respeto a las competencias de las comunidades autónomas y que de forma reiterada establece que las determinaciones contempladas en la ley se llevarán a cabo sin perjuicio de las competencias de las CA en materia de urbanismo, vivienda y ordenación del territorio".

Desde el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes se considera que la ley española "es una oportunidad para Euskadi, no impone, sino que amplía derechos, puesto que faculta a las Comunidades Autónomas para adoptar medidas para las que no tenemos competencias como el control de precios en caso de que las Comunidades lo estimen oportuno".