La ley vasca de Transparencia creará un registro de 'lobbies' y prevé multas a los cargos públicos que la incumplan

vitoria

El Gobierno vasco acaba de aprobar con carácter previo el anteproyecto de ley de Transparencia de Euskadi, un documento con tres principales novedades: crea el registro de grupos de interés de la Comunidad; la Autoridad vasca de la Transparencia-Gardena para proteger a los informantes sobre infracciones y de lucha contra la corrupción; y, finalmente, contempla un "complejo y novedoso" régimen sancionador para los altos cargos y funcionarios que no la cumplan que puede llegar hasta los 12.000 euros o el cese en el cargo.

Euskadi e Islas Baleares son las dos únicas Comunidades autónomas (además de Ceuta y Melilla) que no han desarrollado una ley que impulse de forma integral la cultura del Gobierno abierto. Hubo un proyecto anterior del Ejecutivo que acabó en un cajón en 2016, con la disolución del Parlamento para ir a elecciones. A este anteproyecto de ley le puede ocurrir algo similar, ya que a la decimosegunda legislatura vasca le queda como máximo un año, plazo insuficiente para que culmine su recorrido en el Consejo de Gobierno y en el Parlamento. Pese a lo anterior, todas las administraciones vascas han ido desarrollando en la última década políticas, normas, planes y herramientas de impulso al gobierno abierto.

El Gobierno vasco sostiene en el preámbulo de la futura ley que "cuando los responsables públicos se someten con facilidad a escrutinio y cuando los ciudadanos, gracias a la transparencia de sus instituciones, es decir, cuando los niveles reales de transparencia son elevados, es cuando se contribuye a una mejor y más próspera participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y, en definitiva, es cuando podemos esperar una anhelada regeneración democrática y consecuencias positivas en la eficacia, eficiencia y en el propio crecimiento económico del País".

Partidos políticos, sindicatos y centros concertados

Según el documento, la transparencia en la Comunidad Autónoma de Euskadi constituye el principio de actuación que impone a los poderes públicos y sujetos contemplados al efecto en la presente ley la obligación de publicar activamente la información pública más relevante y hacer efectivo el acceso a la ciudadanía a aquella en su poder. Se considera información pública aquella información, contenido o documento, cualquiera que sea su formato o soporte y forma de expresión, elaborada o adquirida por los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones y que obre en su poder. El principio de transparencia exige que los sujetos obligados publiquen de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento resulte relevante para garantizar la transparencia de su actividad. Estas obligaciones afectarán a todas las instituciones vascas, así como a los partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, centros de educación y sanitarios concertados. También a las entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones públicas superiores a 100.000 euros o al menos el 40 por ciento de sus ingresos. Y a todas las inscritas en el Registro de grupos de interés.

A partir de este planteamiento, el anteproyecto de ley desarrolla, por un lado, las principales herramientas gestoras para promover la transparencia. Pero , al mismo tiempo, aprovecha para acabar de implantar en el conjunto del sector público vasco el nuevo sistema de protección de las personas que informen sobre infracciones y de lucha contra la corrupción, y para crear el registro de lobbies o grupos de interés, que estaba pendiente en la Comunidad.

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Multas de hasta 12.000 euros o cese en el cargo

En el apartado de acceso a la información pública y la publicidad activa, en el que Euskadi destaca según el Ejecutivo en la apertura y reutilización de datos (open data), el anteproyecto incorpora "un complejo y novedoso capítulo sobre el régimen sancionador", que afectará al cumplimiento de obligaciones en materia de publicidad activa y acceso a la información pública. Así, contempla sanciones para altos cargo o personal directivo del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como el personal empleado público a su servicio. También, para las entidades privadas y corporaciones de derecho público obligadas a suministrar información. Los incumplimientos sancionados podrán ser leves (amonestación o multa entre 200 y 1.000 euros); graves (declaración del incumplimiento y publicación en el boletín oficial correspondiente o multa entre 1.001 y 6.000 euros); o muy graves (una declaración del incumplimiento y publicación en el boletín oficial correspondiente o multa entre 6.001 y 12.000 euros o cese en el cargo). Serán consideradas sanciones muy graves el incumplimiento de la obligación de publicar la información que se relaciona en esta ley sobre publicidad activa, cuando se haya desatendido el requerimiento expreso de la Autoridad Vasca de Transparencia o el incumplimiento de las resoluciones firmes dictadas por la Autoridad Vasca de Transparencia. En el caso de las empresas infractoras, las sanciones más graves podrán conllevar como sanción accesoria el reintegro total o parcial de la subvención concedida o, en su caso, la resolución del contrato, concierto o vínculo establecido.

El anteproyecto de ley también recoge la "pionera" figura del derecho a promover iniciativas reglamentarias ciudadanas, siguiendo el esquema y aprovechando las garantías ya previstas actualmente para la iniciativa legislativa ciudadana.

Gardena

Más allá de la información pública y la publicidad activa, el Gobierno vasco aprovecha esta ley para crear un nuevo organismo, la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena, que además de tutelante de la transparencia en Euskadi, culmine en la Comunidad el llamado canal externo de recepción de los informantes o alertadores. La Autoridad Vasca de Transparencia, con personalidad jurídica propia y plena capacidad e independencia, ejercerá la potestad sancionadora por la comisión de las infracciones recogidas en la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Registro de 'lobbies'

El Ejecutivo también aprovecha para crear el Registro de Grupos de Interés de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el que deben inscribirse todos los considerados como tales. El anteproyecto considera grupos de interés a "las personas y organizaciones que, con independencia de su forma o estatuto jurídico, realizan en interés de otras personas u organizaciones, actividades susceptibles de influir directa o indirectamente en los procesos de elaboración de las políticas públicas o disposiciones normativas, en la aplicación de las mismas o en las tomas de decisiones de las administraciones y entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi". No se consideran como tales los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales ni las personas físicas que actúan respecto de asuntos que no impliquen intereses económicos individuales significativos ni, por último, las organizaciones intergubernamentales o las corporaciones de derecho público. Sin la inscripción en el registro, estos grupos no podrán mantener las reuniones, contactos o encuentros con la Administración. El incumplimiento de la declaración responsable o de las normas de conducta y actuación, la falsedad, la falta de colaboración o la no presentación de la documentación requerida serán causa de baja en el registro.

Por último, la futura ley crea un Registro para la participación y la colaboración de la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que trata de promover la participación ciudadana habilitando cauces preferentes y derechos de alerta temprana para los ciudadanos y ciudadanas o grupos interesados y que les ofrece información directa sobre los grupos de presión o “lobbies”.

"Inédito y peculiar"

Como experto en Gobierno abierto y transparencia, Joaquín Meseger, secretario ejecutivo de la Red académica de Gobierno abierto, opina para la cadena SER que el anteproyecto "no es un texto muy ambicioso", habida cuenta de la década transcurrida desde la aprobación de la ley estatal, aunque destaca como elemento inédito que contemple sanciones económicas para los cargos públicos infractores. "Lo que se suele prever en leyes de este tipo son lo que llamamos 'sanciones profesionales', esto es, publicar en el Boletín el incumplimiento o el cese o la imposibilidad de ser nombrado para cargo público durante un periodo de tiempo, etc. pero nunca se ha visto, por lo menos en la ley estatal no está, una multa económica", comenta.