EH Bildu presentó un documento con "innumerables errores y omisiones" para "menoscabar" a las instituciones guipuzcoanas

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha acusado este miércoles a EH Bildu de "utilizar a la Diputación" para atacar a su adversario político, el PNV, con el caso Bidegi. Mendoza ha comparecido de urgencia para opinar sobre el sobreseímiento provisional de la segunda de las querellas relacionadas con el caso Bidegi, que la Diputación de Gipuzkoa interpuso cuando estaba gobernada por EH Bildu.

Esta querella denunciaba una presunta malversación de fondos públicos de 17,1 millones de euros y un presunto delito de falsificación documental en los pagos de los trabajos del túnel de Isuskitza, en la autopista AP-1.

La diputada general ha recordado que, después de que el PNV volviera a gobernar en Gipuzkoa a partir de 2015, funcionarios forales presentaron un informe sobre cuya base tanto la institución foral como la Fiscalía solicitaron el sobreseímiento de las actuaciones.

De esta manera, la causa permanece sustentada en la acusación popular de cuatro exjunteros de EH Bildu.

Ha recordado que el estudio de la Diputación, que ahora la jueza da por bueno, señalaba que los informes en los que se basaba la querella, estaban "repletos de errores y de omisiones", motivo por el que el Juzgado ha considerado "claramente" que no estaba "acreditada, ni siquiera de manera indiciaria" la comisión de ningún delito.

La decisión de la jueza implica, ha dicho, "un refrendo del buen nombre de la Diputación y de Bidegi", así como de las "personas que trabajaron allí, que fueron injustamente señaladas y tratadas".

"En política no todo vale"

Al mismo tiempo, el auto señala el "descrédito de quienes no tuvieron ningún reparo a la hora de menoscabar a las instituciones guipuzcoanas, utilizando a la Diputación foral con la intención de dañar directamente a quien consideraban su adversario político", ha acusado Mendoza.

Ha insistido en que se basaron en "datos erróneos y omisiones" con dicho objetivo, tras lo que ha afirmado que "en política no todo vale y mucho menos actuar contra la honorabilidad de las personas y la credibilidad de las instituciones".

Respecto a la primera querella, en la que la acusación calculaba un fraude de 13,6 millones de euros, se encuentran aún en manos de los tribunales, que prorrogaron la causa hasta principios de 2024, según ha indicado Mendoza.