Las cárceles vascas, con más presos y problemas de plantilla tras 2 años de transferencia

Bilbao

El Gobierno Vasco asumió hace dos años la gestión de las tres prisiones ubicadas en Euskadi, un tiempo en el que ha aumentado la población reclusa, se mantienen problemas por la escasez de funcionarios, se ha apostado por la reinserción y se ha levantado polémica por los permisos concedidos a presos de ETA.

Mañana, 1 de octubre de 2023, se cumplen dos años desde el traspaso de la competencia a Euskadi, y con este motivo el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco ha hecho público un informe en el que analiza la situación de las tres prisiones vascas. Los presos han aumentado. A 11 de septiembre de 2023, la población penitenciaria en Euskadi era de 1.577 personas, cuando hace dos años era 1.387 reclusos. De ellos, un 14 % se encontraban en condición preventiva, y un 86 % estaban penados. Por prisiones, 869 reclusos cumplen condena en Zaballa (Álava) -la cárcel más grande y nueva-, 385 en Basauri (Bizkaia) y 323 en Martutene (Gipuzkoa).

Las mujeres representan un 8 % de la población penitenciaria, y el 31 % de los privados de libertad son de origen extranjero, un porcentaje algo superior al 27 % que registran de media los centros de Instituciones Penitenciarias.

Según recoge el informe, el grado de ocupación actual supone un "tensionamiento" en las cárceles vascas y ha motivado la imposibilidad de absorber toda la demanda de traslados voluntarios a Euskadi de internos en centros de otras partes del Estado. De hecho, de las 656 solicitudes para un trasladado a Euskadi, se han denegado más de la mitad, 384.

El informe explica que la "falta de dimensionamiento" de la plantilla transferida a las posibilidades de la prisión de Zaballa -la más grande- ha condicionado mucho la gestión a la hora de acoger a personas que podrían cumplir su pena en Euskadi.

Son los traslados aceptados los que han hecho aumentar la población penitenciaria en Euskadi, y no un aumento de la delincuencia.

Para resolver el problema, se espera que la capacidad máxima aumente razonablemente con la puesta en funcionamiento del nuevo centro penitenciario de Gipuzkoa, prevista para la primavera de 2024.

Además, el informe admite carencias de las infraestructuras, por su antigüedad o por la inexistencia de centros de integración social, departamentos para régimen cerrado -se creará uno en Álava el año que viene- y unidades de madres. La apuesta por la semilibertad

El modelo penitenciario vasco apuesta por el cumplimiento de las condenas de prisión en régimen de semilibertad, ya que considera que el régimen abierto favorece la reinserción y la no reincidencia.

Desde el traspaso hasta septiembre de 2023 se han realizado 846 clasificaciones iniciales o progresiones a tercer grado. De ellas han sido revocadas judicialmente 16 por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria vasco y también por el de la Audiencia Nacional.

Actualmente, el porcentaje de personas en tercer grado penitenciario sobre el total de la población penada es del 31 %. Además, hay 221 personas en libertad condicional.

En esta línea de favorecer la reinserción, se ha consolidado la red de pisos de acogida para internos en semilibertad o de permiso que no dispongan recursos habitacionales. Se trata de 80 plazas residenciales y otras 20 para permisos. Recursos humanos

El traspaso conllevó asumir 675 plazas de funcionariado de prisiones y laborales, un número que el Gobierno Vasco considera insuficiente y que se ha visto agravado por las jubilaciones.

Para compensar las vacantes, se ha recurrido a las coberturas en comisión de servicios o mediante bolsas de trabajo, de manera que el Gobierno Vasco espera en los próximos meses cubrir la totalidad de plazas vacantes.

Para más largo plazo se ha empezado a elaborar la relación de puestos de trabajo necesaria para las futuras Ofertas Públicas de Empleo (OPE) para la selección de nuevos funcionarios penitenciarios.

Además, se llegó a acuerdos con la representación sindical Acaip-UGT, mayoritario en el ámbito penitenciario, sobre la continuidad transitoria de las condiciones laborales, aunque este pacto termina este 31 de diciembre. Condenados por terrorismo

En estos momentos hay en las cárceles vascas 142 presos condenados por terrorismo, de ellos 80 en Álava, 39 en Gipuzkoa y 23 en Bizkaia. Tras el fin de la dispersión, todos los presos de ETA en el Estado están en cárceles vascas o navarras.

Por grados, la gran mayoría, 118, están en segundo grado, mientras que 22 están en tercer grado -el más leve- y dos sin clasificar. Además, en libertad condicional hay 14 condenados por terrorismo.

Los 22 presos de ETA en tercer grado son el 5,1 % del total de reclusos beneficiados de esta progresión.

Desde que se recibió la transferencia, hace dos años, han sido 50 etarras los que han progresado a tercer grado, un 5,9 % del total de presos beneficiados.

De estas 50 progresiones concedidas por la Administración penitenciaria dependiente del Gobierno Vasco, se han revocado 12 por los juzgados, otros seis se han revocado y progresado nuevamente y 4 están recurridos actualmente y en suspenso.