Una mujer víctima de violencia machista y su bebé desaparecen de un centro de protección de la Diputación
La Ertzaintza ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos y ha lanzado una orden de búsqueda
Una víctima de violencia machista y su bebé desaparecen de un centro tutelado en Gipuzkoa
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san sebastian
Una mujer de 20 años de edad y su bebé de 10 meses han desaparecido de un centro para víctimas de violencia machista dependiente de Diputación situado en la zona de Donostialdea después de que saliera a pasear y se montara, al parecer, en un coche con su agresor.
Fuentes del Departamento de Seguridad han confirmado este miércoles que el centro denunció los hechos el pasado sábado.
La Ertzaintza ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos y ha lanzado una orden de búsqueda a nivel nacional e internacional, han confirmado las fuentes. Por su parte, desde servicios sociales confirma que el centro ha cumplido los protocolos establecidos y así lo ha ratificado también la inspección que se ha realizado desde la Diputación.
La importancia del acompañamiento psicológico
En ocasiones, ciertas parejas distanciadas por una orden de alejamiento tienden a quebrantar el castigo de forma consentida. Para comprender esta circunstancia, Ana Hernando, abogada de la asociación Clara Campoamor, explica que lo primero es identificar qué ha empujado a la víctima a encontrase con su agresor.
Detalla que estos escenarios "tienen mucho que ver con la violencia de género". Hernando asegura que una víctima "puede incumplir la orden de protección" por muchos motivos que van "desde el miedo, hasta la vinculación emocional" y que forman parte del "propio círculo de la violencia de género".
Por ello, insiste que la mejor herramienta para evitar estas situaciones es un acompañamiento psicológico que profundice en la coyuntura en la que se encuentra para "desligarse esa relación tóxica" y evitar consecuencias. No obstante, recuerda que la existencia de los hijos puede complicar esta tarea.
Sobre este delito, la abogada aclara que la colaboración de la víctima "no exime" al agresor de su responsabilidad penal, dado que quien sufre las consecuencias de ese desacato es la administración pública. "Es un delito contra la administración pública, ya que se está incumpliendo una resolución judicial".
