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Las instalaciones de renovables deberán pagar un canon anual en Euskadi a partir de 2025

PNV y PSE cierran con EH Bildu un acuerdo para aprobar la ley de Transición Energética y Cambio Climático a las puertas de las elecciones

Otero, Grajales y Alonso, durante la presentación del acuerdo / PNV

Otero, Grajales y Alonso, durante la presentación del acuerdo

Vitoria-Gasteiz

Los parques de energía renovable que se instalen en Euskadi deberán pagar un canon anual a partir del 1 de enero de 2025 para compensar las afecciones socioambientales en la zona y tendrán que ofertar al menos el 20 % de la energía que produzcan a los municipios en los que se ubiquen.

Estas son dos de las novedades incluidas en la futura Ley de Transición Energética y Cambio Climático, cuyo contenido ha sido pactado a través de enmiendas aceptadas y transadas, entre PNV, PSE-EE y EH Bildu y que será aprobada por el Parlamento Vasco previsiblemente en febrero.

Parlamentarios de los tres grupos han comparecido de manera conjunta este viernes para dar cuenta del contenido de este acuerdo, del que ha nacido una "ley marco" concebida como un "suelo mínimo común para acelerar la transición energética y la lucha contra el cambio climático" en el País Vasco.

Unai Grajales (PNV), Mikel Otero (EH Bildu) y Alberto Alonso (PSE-EE) han coincidido en que la ley contiene "consensos básicos" para las futuras políticas en esta materia, muchos de ellos que se desarrollarán en reglamentos, mientras que en el ámbito político han subrayado que han logrado "abstraerse" del ámbito preelectoral y "elevar el foco" para lograr una "buena ley".

Unai Grajales (PNV), Alberto Alonso (PSE) y Mikel Otero (EH Bildu), sobre el acuerdo de la ley de Cambio Climático

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En virtud del acuerdo alcanzado, las empresas que instalen parques renovables en suelo vasco tendrán que pagar al Ejecutivo autonómico un canon anual a partir de 2025, cuyo importe se destinará a financiar actuaciones socioambientales en los municipios y comarcas afectadas.

Este canon está dirigido a las instalaciones que produzcan más de 5 megavatios de potencia y su cuantía dependerá de la fuente de energía utilizada. En el caso de las solares estará vinculado a las hectáreas de ocupación (unos 700 euros al año por hectárea) y en eólica a la potencia y número de aerogeneradores (entre 3.000 y 5.000 euros por aerogenerador).

Fin del capital público en hidrocarburos

Además, estas firmas estarán obligadas a que al menos el 20 % de la energía que produzcan se oferte al municipio en el que se instalen.

La norma establecerá además que para el año 2030 como tope el Gobierno Vasco deberá desprenderse de su activos públicos vinculados a la exploración y explotación de hidrocarburos y a la quema de combustibles fósiles para generar energía.

El dinero que reciba por esa transacción se invertirá en el Ente Vasco de Energía para que esta entidad lo invierta en renovables. "Es un impulso definitivo e irreversible para que el EVE sea un potente motor de la transición", ha explicado Otero.

La ley incluirá además la obligación de que el Gobierno Vasco destine al menos un 2,5 % de sus presupuestos a la acción climática, así como que para el año 2030 el 32 % de la energía en Euskadi provenga de las renovables.

Objetivos intermedios en reducción de emisiones

En todo caso, recogerá objetivos intermedios de cuota de energía renovable y de reducción de emisiones y consumo energético que "combinan ambición y realismo", según Otero, y que están "abiertos a la posibilidad de aumentar la ambición en la planificación".

También hará posible la creación de un oficina climática y de un comité científico y la puesta en marcha de un proceso deliberativo para alcanzar un gran Pacto Social por el Clima.

Otero ha dejado claro que el objetivo de su coalición ha sido mejorar la ley por encima de consideraciones políticas. "Hemos negociado contenido, contenido y contenido por la importancia estratégica de la ley", ha insistido.

Los tres portavoces han hecho hincapié en la necesidad de esta ley en un contexto de "emergencia climática" y se han felicitado porque saldrá adelante al menos con el apoyo de 62 de los 75 parlamentarios de la Cámara.

 
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