"Cuando una persona tiene una discapacidad sus decisiones se siguen poniendo en solfa"

Vitoria

Alrededor de 200 personas de diferentes ámbitos, como la notaría, la fiscalía, la magistratura, abogadas y abogados, representantes institucionales y personas en situación de discapacidad están participando en la sede del Parlamento vasco en Vitoria en la jornada "Dos años de vigencia de la Ley 8/2021, de modificación de la legislación civil y procesal: contexto jurídico y social". En 'La ventana Euskadi' hemos hablado con el jurista Emilio Olabarria, que durante años fue portavoz de la Comisión de discapacidad en el Congreso de los Diputados y a Almudena Castro-Girona, notaria y directora de Aequitas, la asociación promotora de las jornadas para hablar de ellas.

Ambos se felicitan por el avance que supuso la ley, pero creen que todavía hay mucho camino por recorrer. "Hay una diferencia entre el deber ser y el ser. El ordenamiento jurídico con la reforma de la Ley 8/21 sí que consagra el deber ser, la igualdad efectiva y real, pero esa ley debe aplicarse. La igualdad está reconocida formalmente, pero no todas las barreras han sido eliminadas", opina la notaria.

"Antes de la Ley 8/21, si una persona tenía una deficiencia que afectaba a su capacidad de autogobierno, la única reacción que tenía el ordenamiento jurídico era sustituir a la persona. Su tutela. Creíamos que así no atacábamos a su dignidad, porque la titularidad de los derechos no la conculcábamos, solo su ejercicio", recuerda Castro-Girona. "Con esta ley la discapacidad no desaparece, porque la discapacidad no se centra en las personas, sino que existe porque hay una serie de barreras que me ponen en una situación de discapacidad", explica, pero al igual que las rampas ayudan a las personas con discapacidad física, "esas rampas es lo que nos ha dado el legislador con esta ley para la discapacidad intelectual. Las herramientas para que la persona pueda ejercitar ese derecho".

Entre los campos en los que hay que avanzar, la notaria cita "un cambio de mentalidad por parte de los operadores jurídicos". "Es algo que me pasma: que opinen sobre las leyes. Yo no tengo que opinar sobre las leyes, tengo que aplicarlas. Yo puedo tener mi opinión, pero las leyes hay que conocerlas y aplicarlas", sentencia.

En segundo lugar, menciona "la barrera del miedo, por parte de las personas con discapacidad y sus familias, porque entienden que van a quedar desprotegidas y nada más lejos de la realidad. El miedo es libre porque ahora las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a votar, a contraer matrimonio, a hacer testamento...Cuando te afecta a ti, dices, a ver a quién se va a casar, con quién va a ir, qué se va a comprar...Ese miedo de todo padre o madre tiene con todo hijo, cuando tiene discapacidad, se acrecienta"-

Olabarria cita, por último, otros obstáculos a superar dos años después de la aprobación de la ley, tales como el incumplimiento de los cupos de reserva a personas con discapacidad en los empleos de la función pública o la empresa privada o la incapacidad para estas personas de contratar seguros. "Se han modificado algunas leyes pero la tarea del legislador es ímproba para que los discapacitados accedan a su condición de ciudadanos con derecho pleno", concluye.