Caritas Gipuzkoa atendió a 897 personas en situación de exclusión residencial severa en 2023

San Sebastián

La entidad Caritas Gipuzkoa expresa haber mantenido su misión esencial de apoyar a las personas y hogares en riesgo de pobreza y/o en exclusión social, enfocándose en responder ante distintas necesidades sociales y promoviendo la autonomía, el bienestar y la inclusión de las personas. La memoria 2023 de esta entidad indica que el volumen de la atención social se mantiene, atendiendo a 16.571 personas (que corresponden a 6.317 hogares), lo que supone una ligera reducción respecto al año anterior de 645 personas.

Este dato podría significar una pequeña mejora de las situaciones sociales. Sin embargo, la memoria de Caritas Gipuzkoa señala que el origen, la edad y el género son variables que arrastran a las personas hacia la pobreza y la exclusión social. El perfil no varía demasiado respecto a los últimos años. La mayoría de las personas atendidas por Caritas son migrantes; en concreto, el 86% (4 puntos más que el año pasado, y 15 más que hace 5 años).

Caritas cree que este cambio se debe a los retos adicionales a los que se enfrentan debido a las "políticas migratorias restrictivas" y al "difícil acceso" a servicios públicos esenciales por falta de cumplimiento de requisitos diversos (tiempo de padrón, por ejemplo) y por la falta de una red de apoyo, como la familia cercana, que les sostenga en situaciones de necesidad.

El 55% de las atenciones en 2023, han tenido en frente un rostro de mujer. Por ello, la ONG expresa que "la desventaja acumulada por razón de género, al margen de los cambios en la coyuntura económica y social, permanecen estables" y que "es importante tener en cuenta de cara a diseñar políticas públicas eficaces".

El 77% de la población atendida es menor de 44 años. Mayoritariamente son personas de entre 18 y 44 años (un 51%) a las que se suma un 26% más menor de edad. En este sentido, destacan también que casi 7 de cada 10 hogares atendidos tienen miembros menores de edad y que, de ellos, 3 de cada 10 son familias monoparentales.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

En el año 2023, Caritas Gipuzkoa ha atendido a 897 personas en situación de exclusión residencial severa. Esto supone un incremento del 31% respecto al año anterior. Las personas en situación de calle son jóvenes en su mayoría (729 tienen entre 18-44 años, un 71% más que en 2022). Además, las dificultades de acceso a la vivienda hacen que esa exclusión residencial se siga cronificando.

Ampliar

Cerrar

La entidad destinó 2.994.435 euros en 2023 a ayudas económicas directas a familias y personas. Han servido para sufragar necesidades básicas como por ejemplo la alimentación, pero destaca que un 30% de esos apoyos económicos han sido para financiar gastos directamente relacionados con la vivienda (alquileres o suministros), una partida que ascendió a 890.703 euros. Según Caritas, la dificultad de acceso a la vivienda es una preocupación social general, más importante en el caso de las personas en riesgo o situación de exclusión social.

Caritas Gipuzkoa ha iniciado en 2024 un análisis más exhaustivo del impacto que la falta de vivienda provoca en vida de las personas y familias que acompaña, y para ello han tomado una muestra de 2.889 hogares. De los 5 primeros meses de análisis (enero-mayo 2024) se desprende que un 17,7% de los atendidos no dispone de ningún tipo de alojamiento, el 21% de los hogares carece de padrón y el 68% de los hogares que están empadronados en su residencia habitual y pagan por su alojamiento no tiene contrato de alquiler. En un tercio de estos últimos hogares (pagando, sin contrato) hay menores de edad, y el 57% de las personas atendidas con padrón y sin contrato son mujeres.

En este punto, Caritas Gipuzkoa quiere recordar que la carencia de padrón y/o contrato de alquiler son elementos de exclusión social, ya que son la llave necesaria para el acceso a derechos básicos y universales como la educación, la asistencia sanitaria o el sistema de protección social en general. En particular Caritas Gipuzkoa pide a la administración pública una mayor comprensión y flexibilidad a la hora de valorar e interpretar los criterios de acceso a los derechos y servicios sociales. Asimismo, proponen facilitar el acceso al padrón social o solidario en aquellos casos en los que no exista la posibilidad de empadronarse en la residencia habitual.