Más de cien personas se han reunido en la Herriko Plaza de Aduna este martes a las 18:00 de la tarde para mostrar su apoyo y solidaridad con las víctimas, 18 mujeres, que estaban siendo explotadas sexualmente en un club de alterne del municipio guipuzcoano y que fueron sido liberadas tras una exhaustiva inspección policial. La Diputación de Gipuzkoa ha manifestado su «rechazo más firme y contundente», y ha mostrado su «cercanía y solidaridad» con las víctimas, así como con sus familiares y personas allegadas. Asimismo ha estado presente la portavoz foral y diputada de Gobernanza, Irune Berasaluze. A juicio de la institución, este tipo de hechos tiene su origen en «la falta de igualdad entre hombres y mujeres, en las actitudes e ideas machistas que quieren tener sometidas y bajo control a las mujeres». Agrega además que «El respeto a la igualdad de mujeres y hombres, así como a la dignidad, la libertad sexual y la integridad física de la persona, son derechos inviolables; las conductas que atentan contra estos derechos no tienen cabida en nuestra sociedad». Tras un minuto de silencio, en la plaza se ha leído un comunicado en el que se ha condenado cualquier tipo de agresión, con la esperanza de que dejen de suceder casos similares y con una pancarta que decía «emakumeen aurkako sexu explotaziorik ez» (no a la explotación sexual contra las mujeres). La Policía Nacional detuvo a un hombre, dueño del club de alterne, como presunto autor de delitos relativos a la prostitución, de agresión sexual, contra los derechos de los trabajadores y de tráfico de drogas. A la espera del juicio, el juez ha dejado en libertad sospechoso. Los agentes investigan también a su pareja sentimental por la presunta participación en delitos contra los derechos de los trabajadores y de prostitución coactiva, al explotar sexualmente en un club a dieciocho mujeres y traficar con drogas en él. La operación, llevada a cabo por investigadores de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de San Sebastián, se inició a mediados de junio cuando, a raíz de una inspección policial del Plan Estratégico de la Policía Nacional y del Plan Policial contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, detectaron que en un club de Aduna, en Gipuzkoa, posiblemente se estaban cometiendo delitos relativos a la prostitución y la explotación sexual sobre las trabajadoras que se encontraban en él. En la inspección, los agentes hallaron a quince personas, once de las cuales eran mujeres ejerciendo la prostitución, dos trabajadores que realizaban tareas de camarero y encargado y dos clientes. Durante el desarrollo de la misma, los policías también hallaron una carpeta con anotaciones sobre los servicios de las mujeres, figurando todas con un alias. Ante las sospechas de que estas trabajadoras pudieran estar explotadas sexualmente, los investigadores las entrevistaron, y ellas señalaron que para poder trabajar en el club debían contratar una plaza en el local por un periodo mínimo de 21 días, tiempo durante el cual debían abonar 20 euros por jornada. Además, debían pagar 10 euros por cada servicio de media hora del que cobraban 60 euros, teniendo que pagar 20 por los servicios de una hora por los que cobraban 120 euros. Además, algunas de las mujeres ampliaron estos relatos, por lo que fueron citadas en dependencias policiales para aportar más información. Una de las jóvenes indicó haber estado sometida a las mismas condiciones laborales antes expuestas por sus compañeras y haber tenido que mantener relaciones sexuales con él por miedo a ser expulsada. Asimismo, contó a los investigadores que en el club era habitual el consumo de sustancias estupefacientes entre los clientes, quienes las adquirían allí mismo. Otra de las mujeres que acudió a Comisaría explicó que el detenido las obligaba a mantener relaciones sexuales y que, al no acceder a acostarse con él, la echó. El resto de declarantes explicaron lo mismo en cuanto a condiciones laborales y coincidieron en señalar a la pareja sentimental del dueño del negocio como conocedora y cómplice de lo que estaba ocurriendo. Tras la recogida de datos, los agentes lograron finalmente localizar y liberar a un total de 18 víctimas que habían sido explotadas sexualmente en este club. En relación al consumo de sustancias estupefacientes en el establecimiento, averiguaron que cuando un cliente quería consumir drogas, la chica con la que se encontraba solicitaba a través de una llamada telefónica interna a los camareros la dosis y, tras ello, tanto la mujer como el camarero se dirigían a una habitación concreta donde se efectuaba la transacción. Por todo ello, el pasado 24 de julio agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras, de la Brigada de Policía Judicial y de la Brigada de Policía Científica de la Comisaría Provincial de Gipuzkoa, asistidos por dos guías caninos de Bilbao, realizaron una entrada y registro en el local, incautando así 75 gramos de cocaína, más de 26.000 euros en efectivo y numerosas libretas y cuadernos con anotaciones sobre los servicios sexuales de las chicas y sus horarios, interviniendo también el teléfono móvil del investigado.