Juan Calparsoro, fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa: "Estamos ante una excepción, la voluntad de la persona que solicita su cambio de sexo debe prevalecer"

San Sebastián

El ertzaina detenido el pasado sábado acusado de intentar agredir a su esposa con un cuchillo de cocina en San Sebastián cambió de sexo en el registro civil, hecho que podría condicionar su proceso judicial al dificultar que el caso se tramitara como violencia de género, aunque la Fiscalía investiga ya un posible fraude de ley.

De momento, los hechos se han incoado como un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género y doméstica, una denominación amplia que abarca todos los supuestos, pero la instrucción se ha iniciado en un juzgado común. En Radio San Sebastián hemos hablado con Naroa Campos, abogada de la Asociación Clara Campoamor, quien nos hablaba sobre la importancia de la calificación de los hechos, ya que "los delitos de violencia de género hacen visibles la existencia de una discriminación que atentan contra la vida y la integridad de las mujeres, y esto no se ve reflejado en los delitos de violencia doméstica". "En el caso de que el juez o la jueza no calificase el delito como violencia de género", dice, "la nueva Ley Trans puede traducirse en impunidad en los casos de violencia de género".

También en estos casos, continuaba Campos, "los delitos de violencia de género cuentan con protecciones específicas en cuestiones familiares como el régimen de guardia y custodia o las visitas, en caso de haber menores de por medio, que se diferencian de cualquier otro tipo de delitos".

Fuentes consultadas por Radio San Sebastián confirman que el ertzaina pidió en noviembre el cambio registral de sexo por lo que, legalmente, es una mujer. Sin embargo, la Fiscalía investiga ya un posible fraude de ley puesto que el detenido no ha realizado, al parecer, ningún otro trámite relacionado con su cambio de sexo y mantiene tanto su nombre como su aspecto de varón.

El ertzaina está acusado de un delito de amenazas graves tras haber sido detenido por intentar agredir a su esposa con un cuchillo de cocina y amenazar con dañar a sus dos hijas, según informó el Departamento vasco de Seguridad.

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Santiago Romero, juez decano de San Sebastián, ha contado en Hoy por Hoy Gipuzkoa que este caso " abre un debate judicial, extrapolando el debate parlamentario, donde un sector pedía un mínimo control previo" y asegura que, ahora, "la pelota pasa al tejado de los juzgados" porque, "aunque estos casos sean una excepción, tienen una afectación real".

Como cuenta Romero, existe otro problema y es que "a esta persona hay que someterla a un procedimiento judicial para saber exactamente por qué se ha cambiado de sexo y puede acogerse a cuestiones de intimidad y decir que no tiene que dar más explicaciones porque le ampara la ley".

"Cabe la posibilidad de que se valore si este cambio de sexo ha podido realizarse con un fin fraudulento"

En declaraciones a la Cadena SER, Juan Calparsoro, fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, también ha asegurado que "estamos ante una excepción", ya que "cabe la posibilidad de que, como hipótesis, se valore si este cambio de sexo ha podido realizarse con un fin ilícito" y ha querido subrayar que "la voluntad de la persona que solicita su cambio de sexo debe prevalecer como en cualquier otro acto que afecte al estado civil de las personas, como cuando uno se casa o se cambia de nombre". Sin embargo, en caso de haber sospecha, asegura Calparsoro, " el Ministerio Público tiene legitimación para valorarlo o solicitar una nulidad de ese cambio".

Los hechos ocurrieron el sábado a las dos de la madrugada en una vivienda del barrio donostiarra de Txomin Enea sin que las víctimas sufriesen daños, ya que la mujer logró alertar a la Ertzaintza.

Los agentes que se desplazaron al lugar detuvieron a su compañero, que se encontraba de baja médica, como presunto autor de un delito de violencia de género y violencia doméstica.

El arrestado fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente pasó a disposición judicial, tras lo cual fue puesto en libertad con medidas cautelares y con la obligación de comparecer cuando sea requerido por la autoridad judicial.