El Ayuntamiento de Getxo insiste en que actuó dentro de la ley en el derribo del palacete de Algorta
El equipo de gobierno niega un trato de favor a la promotora, de la que dos concejales del PNV son miembros, ya que se procedió "de idéntica manera que lo hace con cualquier otro caso similar de construcción de viviendas"
Iñigo Urkiza, concejal de Planeamiento Urbanístico de Getxo y Eduardo Andrade, portavoz del PP en el Ayuntamiento
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Bilbao
El Ayuntamiento de Getxo se ha reafirmado, en una comisión municipal celebrada este jueves, "en la legalidad" y la "diligencia" de su actuación en relación al derribo del palacete 'Irurak Bat' de Algorta. Sin embargo, a los grupos de la oposición no les han bastado esas explicaciones y han solicitado una comisión de investigación al respecto.
Después de que fuera derruido ese inmueble ubicado en la calle San Nicolás de Algorta por parte de una promotora en la que dos ediles del PNV figuran como cooperativistas, el gobierno local (PNV y PSE-EE) comunicó la apertura de un expediente sancionador a la empresa, al no ajustarse al proyecto inicial, que contemplaba el “mantenimiento de parte del edificio”.
El grupo del PP solicitó al Gobierno municipal que explicara en la Comisión Territorial su actuación respecto a la desaparición del palacete, en cuyo solar la constructora prevé edificar 12 viviendas de lujo. En la comisión ha insistido en investigar si la promotora recibió "un trato de favor" del Ayuntamiento.
EH Bildu exigió trasladar a la Fiscalía la documentación en relación al derribo del palacete "por si los hechos pudieran ser constitutivos de ilícito-penal" y Elkarrekin Podemos pidió llevar esa actuación "ante la justicia" como delito penal contra el patrimonio protegido del municipio. Ambos grupos han pedido que la empresa "no se vaya de rositas" porque "una posible sanción de 32.000 euros en una promoción de pisos de 700.000 euros" no es "ejemplarizante".
El PSE-EE se desmarcó de las explicaciones que dio el PNV, que ostenta la alcaldía, y pidió toda la información "pormenorizada" del expediente, antes de posicionarse.
Los responsables del Área de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística, Álvaro González, y del Servicio de Disciplina Urbanística, Iñigo Urkitza, han reiterado esta mañana la legalidad de la actuación del Ayuntamiento y han negado un trato de favor a la promotora, ya que se procedió "de idéntica manera que lo hace con cualquier otro caso similar de construcción de viviendas".
"Con diligencia"
El consistorio ha asegurado haber "actuado con diligencia" y ha comunicado haber designado una persona instructora del expediente que podrá "plantear" posibles acciones penales y las comunicará a la Fiscalía.
Según han indicado, la protección de ese palacete no impedía su derribo pero debía haberse advertido de ese hecho al consistorio y por esa falta de comunicación, se le abrió un expediente sancionador.
La promotora ha comunicado al consistorio que procederá a "la reedificación" del inmueble "manteniendo las características del edificio preexistente, de acuerdo con lo previsto en el proyecto básico aprobado".
El Ayuntamiento no sabía del inicio de los trabajos pero cuando en agosto "tuvo conocimiento completo de la situación, se adoptaron las medidas de paralización de las obras y de restauración de la legalidad infringida de manera inmediata", han asegurado ambos responsables
