Los expertos prevén un aumento del uso del vehículo privado cuando esté operativo el túnel bajo la ría

Bilbao

Las protestas en contra del túnel bajo la ría que pretende construir la Diputación de Bizkaia empiezan a hacerse más fuertes. A las realizadas en el pasado mes de septiembre por una plataforma ecologista y vecinal, Subfluviala Ez, se suma ahora la reivindicación del AMPA del IES Romo-Artaza. Las obras durante cinco años, en principio, generarán en este punto varias afecciones, entre ellas, la ocupación del patio del centro y la eliminación de parte del parque público de Artaza, donde el alumnado y la ciudadanía se esparcen.

Idoia Bidaurrazaga tiene un hijo de 16 años entre los 500 alumnos afectados. Ahora es miembra de la junta de la asociación de familias del centro. “Este parque es el pulmón verde de la zona y con la llegada de este túnel, que considero innecesario, nos quitan parte de un lugar de descanso", critica. "Van a ocupar buena parte del patio para entrar con la maquinaria. Además, el ruido de las obras será infernal para los estudiantes durante los cinco años, en principio, previstos”, denuncia. Junto con otros cinco centros de la zona, como la ikastola Betiko, el centro público Artaza-Los Pinos o el colegio Gaztelueta, ya han presentado alegaciones al proyecto.

En el otro lado de la ría, Marije Arias participa activamente en movimientos sociales de Sestao. Esta vecina de 67 años, nacida en Portugalete, espera a la versión definitiva del proyecto. “Desde la plataforma, hemos dado charlas al vecindario de la margen izquierda y al movimiento de pensionistas a petición propia. Nos preocupa que, salga por donde salga esta carretera, supondrá un aumento de la contaminación”, recoge en los micrófonos de Radio Bilbao.

Expertos en contra

En 2016, José Francisco Cid, consultor en temas de movilidad, participó en la redacción del Plan Territorial Parcial de Bilbao y su área metropolitana, un documento diseñado para coordinar las políticas urbanísticas y de infraestructuras de esta zona. En aquel momento, Cid y otros técnicos ya alertaron sobre los riesgos de expandir las infraestructuras de transporte. “Ampliar la oferta diaria de infraestructuras no es una solución para descongestionar las carreteras, sino todo lo contrario”. Este fenómeno, conocido como la Paradoja de Braess, plantea que, al añadir nuevas vías de tráfico, lejos de reducir la congestión, esta puede empeorar debido al aumento de la demanda. "Es una cuestión ampliamente estudiada por organismos internacionales y académicos del tema", afirma en la SER.

Según Cid, este tipo de enfoque no se alinea con los objetivos actuales de descarbonización y reducción de emisiones, esenciales en el contexto de la lucha contra el cambio climático. Para él, esta galería responde a una “manera de hacer política de los años 90”. Durante esa época, la estrategia era expandir las infraestructuras de transporte privado en lugar de enfocarse en modos más sostenibles. Cid contrasta esta perspectiva con el ejemplo de Burdeos, una ciudad de tamaño comparable a Bilbao, donde las políticas recientes han fomentado la expulsión del coche en favor del transporte público, los ferrocarriles, las bicicletas y el transporte fluvial.

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David Hoyos, profesor de Economía en la Universidad del País Vasco y claborador en BC3 Basque Centre For Climate Change, coincide en gran parte con Cid y añade el llamado coste de oportunidad. Este método analiza si la inversión aumenta o no el bienestar social en comparación con otras alternativas. En este caso, Hoyos argumenta que "viendo la magnitud de la obra y su escaso impacto positivo, costaría creer que ese dinero está bien empleado desde un punto de vista del análisis económico". El uso del vehículo privado, añade Hoyos, es incompatible con una buena calidad de vida desde el punto de vista de la salud, el medio ambiente y el uso eficiente del espacio urbano. Todos los estudios recientes en materia de movilidad, sostiene el experto, concluyen que "el transporte motorizado privado debe ser limitado en áreas metropolitanas si se quiere mejorar la calidad de vida de los residentes y reducir las desigualdades sociales".

Hoyos compara el coste del proyecto, estimado en 600 millones de euros, con el impacto que tuvo la extensión de los descuentos del 50% en el transporte público durante 2023, que supuso un gasto de 11 millones de euros. Según sus cálculos, con lo que costaría el túnel se podría mantener esta bonificación durante aproximadamente 60 años, una decisión "ambientalmente sostenible" y "socialmente justa", ya que beneficiaría a toda la población y tendría un mayor impacto positivo en los sectores más desfavorecidos.

Informes técnicos contrarios

El Estudio de Impacto Ambiental relativo a esta infraestructura subraya que el proyecto no está alineado con los objetivos sostenibles que promueve la Diputación Foral de Bizkaia. “Si bien es cierto que la Diputación Foral de Bizkaia realiza actuaciones con estos fines, la actuación que se propone […] no es una de ellas ya que contribuye a facilitar el uso del vehículo privado”. Este mismo documento calcula que en 2038 la movilidad en vehículo privado será un 21% superior a la de 2019.

Ya en el año 2000, José Félix Basozabal, entonces diputado foral de Transportes, señaló en un informe sobre la evolución del tráfico en las carreteras bizkainas que “la congestión viaria se erige en el único mecanismo de autorregulación de la movilidad motorizada y del traslado de desplazamientos hacia la red de transporte público”. Este informe advertía sobre los límites de seguir expandiendo las infraestructuras viarias. Curiosamente, ese documento ya no está disponible en la web foral, que solo incluye datos a partir de 2002.

En 2023, los datos indicaron un descenso en el uso de vehículos privados en comparación con 2019, el año anterior a la pandemia. El último estudio de movilidad del Gobierno Vasco también pone en valor el aumento de los modos no motorizados de desplazamiento en Bizkaia, que muestran una tendencia creciente respecto a 2016. Estos datos subrayan la importancia de continuar invirtiendo en transporte público y en políticas que promuevan modos de movilidad más sostenibles y accesibles para toda la población.