El reparto de la equiparación salarial en la concertada: 50 millones para la religiosa y 17 para las ikastolas
Pedrosa avisa que la equiparación supondrá el fin de las cuotas y las contrataciones a dedo en la concertada
Begoña Pedrosa durante su comparecencia en el Parlamento vasco / IREKIA
Vitoria-Gasteiz
La equiparación salarial de los docentes de la educación concertada con la pública ha llegado este lunes al Parlamento vasco. La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha explicado el cambio legal con el que el Gobierno pretende inyectar 67 millones de euros a la red concertada, de los que los colegios religiosos recibirán 50,1 millones y las ikastolas, 16,8 millones.
Esta lluvia de millones permitirá a las patronales sufragar las subidas de hasta el 16% pactadas con los sindicatos: 4.043 euros en Infantil y Primaria, y 4.450 euros en Secundaria, que es el coste de la equiparación salarial con la pública, según ha explicado la consejera.
En su comparecencia, a petición propia, Pedrosa ha querido dejar claro que en ningún caso los docentes de la concertada cobrarán más que los de la pública. "El principio general que va a regir en todo este proceso es que el personal que ocupe puestos de trabajo financiados por el departamento de Educación en centros concertados no podrá tener retribuciones superiores a los puestos asimilados en los centros de titularidad pública en sus mismas circunstancias", ha señalado.
Begoña Pedrosa, consejera de Educación, sobre la equiparación salarial de la concertada con la pública
Adiós a las contrataciones a dedo
Pedrosa ha explicado que la equiparación salarial acarreará obligaciones para la concertada, ya que supondrá el fin de las cuotas educativas y de las contrataciones a dedo, de tal forma que "el acceso a los puestos de trabajo deberá responder a los principios de igualdad, mérito y capacidad, garantizando la publicidad de las ofertas". Además, ha advertido de que deberán elaborar una relación de puesto de trabajo que incluya a todo el personal doncente y no docente.
Lo cierto es que la reforma legal que el Gobierno ha enviado al Parlamento vasco incorporar algunas objeciones de los propios órganos de control del Ejecutivo por cómo se realiza el abono "en un único pago a los titulares" de estos centros y sin un "límite temporal" que obligue a los mismos a abonar las cuantías a los docentes.
Las dudas sobre la citada ley también se han reproducido entre los grupos de la oposición. EH Bildu ha criticado "el café para todos que no es aceptable" y Sumar, "la ingeniería contable" del departamento para justificar los 67 millones consignados, mientras el PP ha lamentado que "estemos ante el nacimiento de un nuevo problema".