Getxo y Santurtzi, en contra de la instalación de Sader en el Puerto de Bilbao

Bilbao

Los ayuntamientos de Getxo y Santurtzi han presentado alegaciones contra el proyecto de instalación de una nueva planta de tratamiento de residuos en el Puerto de Bilbao, promovido por la empresa Agaleus Circular Thinking, propietaria de Sader y Profersa. Ambos consistorios han expresado su preocupación por los impactos medioambientales y urbanísticos que la iniciativa podría acarrear en sus respectivos municipios.

El Ayuntamiento de Getxo ha cuestionado la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, realizada por IDOM, al considerar que el estudio presentado no analiza en profundidad los efectos sobre la calidad del aire, los olores y otros posibles perjuicios para la ciudadanía. "Es imprescindible garantizar que cualquier instalación minimice su impacto y posibles riesgos", ha señalado el consistorio getxotarra en un comunicado.

Además, ha exigido que se amplíe la evaluación de alternativas de ubicación, ya que la propuesta solo contempla tres opciones: no construir la planta, instalarla en el Puerto de Bilbao (Zierbena) o en Artigas. Según el Ayuntamiento, la normativa exige la consideración de al menos tres alternativas técnicamente viables para justificar la opción elegida.

Desde Getxo también han solicitado medidas adicionales para proteger la calidad del aire y la salud de la ciudadanía, dado que la planta se situaría a menos de dos kilómetros del núcleo urbano. En este sentido, han instado a instalar estaciones móviles de medición de la calidad del aire con el fin de evaluar los impactos reales de la instalación. "Debemos asegurarnos de que la población de Getxo, compuesta por más de 70.000 habitantes, no se vea afectada por las emisiones y olores que pueda generar esta actividad", han subrayado.

Por su parte, el Ayuntamiento de Santurtzi ha rechazado el proyecto al considerar que la ubicación en el Puerto de Bilbao no es adecuada para una actividad industrial de estas características. "No se trata de un uso portuario, sino de una actividad que generará molestias en la ciudadanía santurtziarra debido a los ruidos, olores y emisiones contaminantes", han advertido desde el consistorio en otro comunicado.

Además, han argumentado que trasladar la planta al puerto no solucionaría el problema ambiental que ya han sufrido los vecinos de Zorrotza con las actuales instalaciones de Sader y Profersa, sino que crearía un nuevo foco de conflicto.

Santurtzi ha manifestado que la gestión de residuos que se pretende implantar en el puerto "no puede considerarse un uso portuario comercial, ni mixto, ni portuario", por lo que su instalación en esa ubicación incumpliría normativas ambientales y urbanísticas. "Se debe buscar un emplazamiento lejos del núcleo urbano, en un área industrial que garantice el cumplimiento de todas las normativas", ha concluido el ayuntamiento.

Críticas de partidos políticos

Estas alegaciones de las dos instituciones llegan tras presentar otras el principal partido de la oposición de Getxo, el Partido Popular, y Elkarrekin Podemos en ambos municipios. "Lo que tiene que hacer es acumular las emisiones de Sader a las emisiones habituales en el Puerto de Bilbao", algo que no recoge la Evaluación de Impacto Ambiental, señala el portavoz Eduardo Andrade.

El concejal de Elkarrekin Podemos de la localidad de la margen derecha, Xabier Benito, califica de "deficiente" este documento. "El escrito no recoge que la ubicación del Puerto de Bilbao estaría rodeada del mar y no hace referencia a que habría contaminación del medio marino. En cuanto a la calidad el aire, no tiene en cuenta las poblaciones de la margen derecha o margen izquierda", sentencia.

Sader y Profersa fuera de Zorrotza

La salida de estas dos empresas de Bilbao, apoyada por todos los grupos políticos, ha levantado polémica allí donde ha intentado instalarse. Su presencia en el barrio bilbaino ha obligado a la población de la zona a cerrar ventanas y confinarse tras varios incidentes.

La plataforma vecinal llegó a recabar más de 2.600 firmas en la que instaban al Gobierno vasco a no renovar la Autorización Ambiental Integrada en esa ubicación, por situarse "a escasos metros de la población, tratar residuos peligrosos y trabajar en unas instalaciones de dudosa seguridad".