“La jueza ha impuesto un régimen de visitas porque permití que mis hijos vieran a su padre. Me perseguirá toda la vida”
Ane, víctima de violencia de género en Gipuzkoa, se enfrenta a la pérdida de la custodia de sus hijos por incumplimiento del mandato judicial
“La jueza ha impuesto un régimen de visitas porque permití que mis hijos vieran a su padre. Me perseguirá toda la vida”
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Hace un año y medio, Ane (nombre ficticio) puso fin a una relación marcada por la violencia de género. Su expareja había ejercido violencia física, psicológica y económica contra ella y, según consta en el procedimiento judicial, también contra sus hijos. Tras presentar la denuncia en el juzgado de Gipuzkoa, se decretó una orden de alejamiento y la suspensión de las visitas del padre a los menores, estableciendo medidas cautelares para garantizar su seguridad.
Durante el proceso judicial, su abogada le recomendó permitir que los niños tuvieran contacto con su padre, argumentando que podría favorecer el desarrollo del caso. "Mi abogada me convenció de que lo mejor para el procedimiento era que los niños viesen a su padre unas horas a la semana, que así demostraría buena voluntad ante el tribunal", explica. Sin conocimientos legales y en un estado de vulnerabilidad emocional, Ane aceptó esa recomendación.
Poco después, la jueza interpretó que, al haber permitido los encuentros, la madre no consideraba que los menores estuvieran en peligro con su progenitor y estableció un régimen de visitas con fines de semana alternos y vacaciones compartidas.
Consecuencias de una decisión errónea
Ane no solo tuvo que aceptar la imposición de un régimen de visitas que no deseaba, sino que también vio limitada su capacidad de movimiento. La jueza denegó su solicitud para trasladarse a su localidad de origen en Bizkaia, donde mantiene su red social. "Estoy sola, sin nadie que me ayude. Si me pongo enferma, si mis hijos necesitan algo, no tengo a quién acudir", lamenta.
La jueza también ha emitido resoluciones que le impiden incumplir las medidas establecidas. Si bien Ane ha intentado apelar, cada retraso o incumplimiento en la entrega de los menores al padre ha derivado en advertencias y sanciones. Incluso ha recibido amenazas de que podría perder la guarda y custodia si continúa sin acatar las resoluciones judiciales.
Implicaciones y proceso judicial
Las medidas cautelares iniciales fueron impuestas para proteger a los menores, pero la modificación de esas disposiciones, basada en la interpretación de la jueza sobre la actuación de la madre, ha terminado por generar un escenario de incertidumbre.
Beatriz Rodríguez Aparicio, abogada especializada en violencia de género, explica que en este tipo de casos es fundamental seguir el procedimiento legal sin desviaciones. "Las resoluciones judiciales deben cumplirse. Si la jueza impuso una suspensión de visitas por riesgo para los menores, romper esa medida, aunque sea con buena voluntad, puede interpretarse en contra de la propia víctima", apunta.
Según Rodríguez Aparicio, el hecho de que Ana accediera a las visitas pudo ser utilizado como argumento para considerar que el contacto con el padre no suponía un peligro. "Las acciones judiciales deben seguir su curso y, si se está en desacuerdo, recurrirse por las vías adecuadas", afirma. En este caso, las pruebas aportadas sobre el comportamiento violento del padre, así como los informes psicológicos que certifican la afectación de Ane y de sus hijos, no han sido suficientes para evitar que el régimen de visitas se mantenga activo.
Resolución de la Audiencia Provincial
Actualmente, Ane espera la decisión de la Audiencia Provincial sobre su recurso para trasladarse a Bizkaia. Mientras tanto, debe permanecer en la localidad donde vive su expareja y facilitar las visitas de sus hijos con él.
Su temor es que, si la situación se prolonga, pueda terminar perdiendo la custodia de sus hijos si en algún momento no puede cumplir con los requerimientos judiciales. Desde que se estableció el régimen de visitas, ha recibido advertencias sobre la posibilidad de que se le retire la guarda si incumple lo estipulado en las resoluciones.
En los próximos meses, su futuro estará determinado por dos decisiones clave: la resolución sobre su solicitud de traslado y el desenlace del procedimiento penal contra su expareja.
