Seguirá en prisión provisional el monitor de surf acusado de agredir sexualmente a once menores

San Sebastián

El monitor de surf de Hondarribia acusado de agredir sexualmente a once de sus alumnos varones menores de edad continuará en prisión provisional a la espera de que la Audiencia de Gipuzkoa dicte sentencia sobre su caso. La Fiscalía como las dos acusaciones particulares que representan a las víctimas se opusieron a que el acusado fuera excarcelado, posición que ha sido acogida ahora por la Audiencia para evitar tanto una posible fuga como el riesgo de revictimización de los menores perjudicados.

La Audiencia asegura en su auto que en la actualidad persisten la circunstancias por las que en su momento se adoptó la medida de prisión provisional, al tiempo que reitera los motivos por los que ya denegó su puesta en libertad en otras dos ocasiones anteriores.

Riesgo de fuga y revictimización de los menores

Advierte así de la existencia de un riesgo de fuga del inculpado, que tiene la doble nacionalidad española y venezolana, y reside en Hondarribia, una población limítrofe con Francia, país al que podría "acceder de forma sencilla a través de múltiples vías". Recuerda también que el varón dispone de "contactos con la costa vascofrancesa por haber realizado allí múltiples campamentos de surf, de suerte que estos lazos también pudieran ser utilizados para facilitarle la huida".

Por otra parte, el auto apunta a un posible riesgo de revictimización de los menores perjudicados, "cuyos datos completos son de pleno conocimiento" para el procesado, al tiempo que recuerda la importante solicitud de penas a las que se enfrenta el monitor de surf, para el que la Fiscalía solicita 85 años de prisión, mientras que la acusación particular eleva esta petición hasta los 290 años. En este contexto, la Audiencia considera que la puesta en libertad del varón con la adopción de "medidas menos gravosas" que la prisión provisional resultaría "absolutamente insuficiente" para garantizar que continuase "sujeto a las resultas del proceso".

Recalca en este sentido que, "aún terminado el juicio, ni ha transcurrido el plazo máximo de prisión provisional legalmente previsto (4 años), ni se han ofrecido garantías suficientes de que el procesado, una vez libre, vaya a sujetarse a las consecuencias de un proceso del que aún pende la sentencia".

Insiste además que con la permanencia del monitor en prisión "se trata de garantizar que no siga atentando contra bienes de las víctimas o de otras de similares características, teniendo en cuenta esencialmente la naturaleza de los hechos por los que ha sido objeto de acusación". Esta decisión de la Audiencia aún no es firme ya que frente a ella aún es posible presentar un recurso de súplica.

Petición de la acusación particular

La acusación particular que representa a diez de las once víctimas del monitor de surf de Hondarribia ha asegurado hoy, en la última sesión del juicio que se celebra desde hace 10 días en la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa, que la escuela del acusado era "una excusa para poder estar con menores de edad y poder satisfacer sus deseos sexuales" con ellos. "Ningún otro contexto le posibilitaba esta opción", ha recalcado la letrada de las víctimas durante la presentación de su informe final ante el tribunal.

"Sabía perfectamente qué mecanismo tenía que desarrollar: un contexto de seguridad tanto para cometer sus macabros actos como para doblegar la voluntad de los menores hasta dejarles sin salida", ha insistido la abogada, al tiempo que ha criticado la "conducta depredadora sexual" y los actos "deleznables" y "macabros" del inculpado hacia los menores "buscando la más absoluta impunidad".

"Creó el contexto, a modo de tapadera, una escuela de surf, se ganó la confianza de los padres y se garantizó la sumisión de los menores a sus deseos a través de la manipulación absoluta de todos y cada uno de ellos", ha enumerado la letrada, quien ha dicho que los menores tan sólo eran "el producto para esa fábrica que creó de forma muy consciente" con el fin de "satisfacer sus deseos sexuales".

Violencia psicológica

Ha opinado además que el acusado "sabía a la perfección que la agresión física para lograr sus objetivos sexuales no era una herramienta óptima" y optó por ello por "la violencia psicológica".

Ha descrito a las víctimas como "buenos niños, ingenuos, sin maldad, con mucho miedo, vergüenza, temor y muy impresionables", unas personas "confiadas, inocentes y con la absoluta convicción de que su monitor de surf jamás les podría hacer algo malo", ya que para ellos era "como un familiar" y "un referente que no les iba a hacer sufrir".

"Ni lo esperaban, ni se lo imaginaban ni lo contemplaban porque eran niños", ha recalcado, antes de recordar que en la escuela de surf no había alumnos mayores de 18 años, porque cualquier adulto "se habría alertado de lo que estaba contra el monitor, de lo que estaba pasando allí".

Asimismo, la acusadora ha opinado que los más de 4.200 archivos de pornografía infantil encontrados en el ordenador del encausado eran de su propiedad, en contra de la versión del monitor.

Venganza y escarmiento

Por su parte, la abogada de la defensa ha mantenido en su informe la inocencia de su cliente y la versión expuesta por el acusado durante el juicio. Para la letrada, las denuncias de las víctimas responden a un intento de "venganza y escarmiento" que quieren darle en grupo, después de "haber hablado mal" de una de las familias de sus alumnos en presencia de otros menores.

La defensa ha señalado asimismo que "no hay ninguna prueba acreditada" de los abusos sexuales denunciados por los menores. Defiende que "no resulta creíble" que, de haberse producido estas situaciones, las víctimas no lo hubieran parado y siguieran acudiendo a las clases de surf y campamentos que organizaba el inculpado cuando no tenían la obligación de ir a ellos.

Esta abogada ha explicado además que su patrocinado es una persona "cariñosa y sensible", que mantenía una relación de amistad con sus alumnos, "lejos de la imagen que se quiere proyectar de él".

Ha admitido, no obstante, que en una ocasión el procesado tuvo dos contactos de índole sexual con uno de ellos, pero ha remarcado que fue cuando éste ya era mayor de 16 años y con su consentimiento.

Al término del informe, la defensa ha pedido la puesta en libertad provisional de su cliente, quien ha rechazado ejercer su derecho a decir la última palabra. Todas las acusaciones se han opuesto a la petición de libertad provisional. El juicio ha quedado así visto para sentencia.