Euskadi no quiere ser la única comunidad sin ley de Transparencia
El Gobierno vasco lanza el cuarto intento para regular la transparencia en la Administración vasca que deja fuera a las diputaciones
María Ubarretxena, portavoz del Gobierno vasco / GAIZKA UCEDA
Vitoria-Gasteiz
El Gobierno vasco ha puesto por fin en marcha este martes el cuarto intento para que Euskadi deje de ser la única comunidad autónoma sin una Ley de Transparencia.
El texto legal es el mismo que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu remitió la pasada legislatura al Parlamento vasco sin éxito, como en las dos intentonas anteriores.
A la cuarta, el Gobierno de Imanol Pradales espera que sea la vencida. "Estamos seguros de que Euskadi va a tener durante esta legislatura una ley de Transparencia", ha asegurado la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena.
María Ubarretxena, consejera de Gobernanza Pública, sobre el proyecto de ley de Transparencia
La regulación que ahora deberá ratificar la Cámara vasca en la que tienen mayoría los socios de Gobierno, PNV y PSE, afecta a todo el entramado institucional vasco, a excepción de las tres diputaciones "porque ya tienen su propia regulación", ha explicado Ubarretxena.
La ley pretende convertirse en un instrumento más para garantizar la transparencia de las políticas públicas y profundizar en la relación entre la administración y la ciudadanía.
Fortalecer la Democracia
"Es un paso más en el impulso de las políticas de transparencia y participación ciudadana y se enmarca en el nuevo marco jurídico que el Gobierno quiere impulsar para el fortalecimiento de la Democracia y las instituciones", ha defendido.
Las regulación crea el registro de 'lobbies' o grupos de interés de Euskadi con el que se facilitará su identificación pública y se asegurará la transparencia y el control de la actividad que realizan ante el sector público de Euskadi.
Además, pone en marcha la Autoridad vasca de la Transparencia-Gardena, un órgano independiente para proteger a los informantes sobre infracciones y de lucha contra la corrupción.
Finalmente, contempla un "complejo y novedoso" régimen sancionador para los altos cargos que no la cumplan, con multas de hasta 12.000 euros o el cese en el cargo en el caso de infracciones muy graves.
Si los incumplimientos se dan por parte de entidades privadas y corporaciones de derecho público obligadas a suministrar información, las sanciones podrían llegar a los 400.000 euros, con la obligación, en algunos casos, de reintegro de las subvenciones recibidas o en su caso la resolución del contrato o concierto.