La vivienda de Rosa, desalojada por una deuda de 7.000 euros, sale ahora a la venta

Bilbao

La vivienda de la que fue desahuciada Rosa, una vecina de Astrabudua de 70 años, ha sido puesta a la venta. El inmueble, en el que residía junto a su nieto, fue objeto de una orden de lanzamiento ejecutada en noviembre del pasado año. El procedimiento se originó tras la imposibilidad de hacer frente a un préstamo de 7.000 euros. Actualmente, Rosa permanece alojada en una vivienda social proporcionada por el Ayuntamiento de Erandio, donde podrá permanecer hasta mayo, según ha confirmado su entorno.

El caso sigue en los tribunales

La defensa de Rosa, encabezada por la abogada Elena Prado e impulsada por el colectivo Stop Desahucios, ha anunciado que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El objetivo es denunciar lo que consideran vulneraciones esenciales durante la ejecución hipotecaria.

Según Prado, el proceso judicial no habría cumplido con los requisitos legales mínimos para que se admitiera a trámite. Entre los argumentos jurídicos que sustentarán el recurso figura la falta de revisión de oficio por parte del juzgado, así como el incumplimiento del plazo legal mínimo de impago necesario para activar un procedimiento de ejecución.

Una ejecución por menos de dos meses de intereses

Uno de los elementos clave que destaca la defensa es que, en el momento en que se inició la ejecución, Rosa no acumulaba ni dos meses de intereses impagados. Conforme a la legislación vigente, se requeriría un mínimo de tres meses de impago para que pudiera iniciarse el procedimiento de desahucio.

Además, se alega que el juzgado no habría observado debidamente este requisito, dando curso a la ejecución sin que se constatara este mínimo legal. Esta omisión será uno de los principales puntos que se expondrán ante el Tribunal Constitucional.

La vivienda sigue en manos de la parte ejecutante

Actualmente, el inmueble se encuentra en proceso de venta. La abogada de Rosa afirma que el piso continúa siendo propiedad de la entidad ejecutante, y que no ha pasado aún a manos de un tercero.

En este contexto, se apunta que la venta podría llevarse a cabo de forma acelerada, lo que, según la defensa, impediría que se plantearan nuevos recursos o alegaciones mientras el inmueble siga bajo la titularidad actual. Esta situación es especialmente relevante a la luz de la jurisprudencia europea, que establece ciertos derechos para los deudores siempre que el bien no haya sido transmitido a un nuevo propietario.

Críticas al sistema de defensa de oficio

Otro de los aspectos que se ha puesto sobre la mesa es la defensa letrada recibida por Rosa durante las primeras fases del proceso. La actual abogada considera que la defensa de oficio inicial no actuó de forma adecuada, algo que, en su opinión, contribuyó al avance del procedimiento sin que se formularan las objeciones necesarias en su momento.

A la espera de una resolución judicial

Mientras tanto, Rosa continúa residiendo en el piso social temporal facilitado por el Ayuntamiento, donde podrá permanecer hasta el próximo mes de mayo. Su futuro, así como el resultado del recurso de amparo que se interpondrá en breve, permanece por ahora en el aire.

El caso ha generado interés en el entorno local, especialmente desde que se conoció la ejecución por una deuda de 7.000 euros. Aunque la vivienda ya se encuentra en el mercado, la defensa mantiene su intención de agotar todas las vías legales posibles en defensa de los derechos de su representada.