Euskadi implantará este año su propio modelo de Oficina Judicial pese a la preocupación de los letrados de Justicia
UPSJ insta al Ministerio de Justicia y al Gobierno Vasco a mantener los servicios de ejecución en la implantación del nuevo modelo de oficina judicial
Euskadi contará este año con un modelo propio de Oficina Judicial más "ágil y especializado". Una nueva estructura anunciada por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, que, sin embargo, genera preocupación entre los letrados de la Administración de Justicia, especialmente por el impacto que la supresión del servicio común de ejecución pueda tener en la ejecución de sentencias.
Hasta ahora, el sistema judicial vasco diferenciaba dos fases: la declarativa, encargada de resolver los casos y la ejecución de la sentencia. El nuevo modelo impulsado por el Gobierno Vasco apuesta por unificar ambos procesos en un único servicio, y desde la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) advierten que esta medida dificultará el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales.
La letrada Adriana Obispo, portavoz de la UPSJ, subraya que el Gobierno Vasco ha optado por un modelo "a contracorriente" del que están implementando otras comunidades autónomas, y que no supondrá ninguna ventaja para la ciudadanía. Además, denuncian que la decisión está ya tomada y que el proceso de implantación arrancará en julio en los municipios de menor tamaño. Posteriormente se extenderá a Vitoria y Donostia, y culminará en Bilbao en diciembre.
Los letrados de Justicia alertan de un retroceso en la ejecución de sentencias con el nuevo modelo vasco
Servicios Comunes de Ejecución
La UPSJ ha instado tanto al Ministerio de Justicia como al Gobierno Vasco a mantener los actuales Servicios Comunes de Ejecución en el diseño del nuevo modelo, y alertan de que eliminar estos servicios supondrá retrasos en ejecuciones clave como el pago de pensiones, subastas judiciales o embargos, afectando directamente a ciudadanos y empresas vascas.
A su juicio, de eliminarse los Servicios Comunes de Ejecución, se generaría una justicia "a dos velocidades" en la que los ciudadanos vascos tendrían un acceso más lento y desigual a la ejecución de sus derechos. Y critican que el Gobierno Vasco, en lugar de reforzar este modelo eficiente en el marco de la reciente Ley Orgánica 1/2025, esté impulsando cambios que podrían suponer un retroceso. "La implantación del nuevo modelo debe hacerse sin sacrificar los avances logrados en eficacia y especialización", concluyen desde la UPSJ.