Expertos en feminicidios proponen crear un "índice de vulnerabilidad" de las mujeres en riesgo para prevenir los homicidios

Bilbao

El Informe de la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género en Bizkaia, que preside la presidenta de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Reyes Goenaga, propone la creación de un índice de vulnerabilidad de las mujeres en riesgo de sufrir violencia de género para prevenir posibles agresiones que puedan acabar en feminicidio.

Este índice debería tener en cuenta para su elaboración una serie de indicadores, entre los que incluye si es o no una mujer migrante, las cargas familiares que tiene, las barreras idiomáticas, ausencia de recursos económicos, pertenencia a minorías étnicas, dependencia del agresor, exclusión social, ausencia de red familiar, adicciones, problemas psiquiátricos y antecedentes de violencia de género con otras parejas.

Lo expertos recomiendan desarrollar y disponer de escalas y guías rápidas, sobre estos aspectos de las víctimas que las colocan en una situación de mayor vulnerabilidad. Habría que contar además con servicios de acompañamiento a las víctimas, como un facilitador intercultural o con la presencia permanente del servicio de asistencia a la víctima.

Es una de las conclusiones del estudio "Prevención de los feminicidios: Análisis de casos de violencia de género con resultado de muerte en Bizkaia (2010-2022)" que ha realizado un equipo multidisciplinar que se puso en marcha en Bizkaia en enero de 2022. Este equipo ha analizado una docena de casos que se han producido en el territorio desde 2010 con la intención de conocer a fondo el problema para mejorar la detección precoz de los casos. En él participan miembros de la judicatura, la ertzaintza, de osakidetza, o de los centros penitenciarios, entre otros, además de las algunas víctimas

Se ha estudiado entre otras cosas si existían denuncias previas a una agresión, el carácter de los agresores o las situaciones de vulnerabilidad de la víctima, así como la respuesta institucional. El estudio ha comprobado que en la mitad de los casos se utilizaron armas blancas para cometer el feminicidio. En otros dos casos la muerte se produjo por axfisia y en 1 por politraumatismo. El lugar más común de la agresión fue el domicilio común, en el 41 % de los casos, seguido del domicilio de la víctima y el del agresor. Y por último en espacios publicos o en negocios.

Dos de cada 3 agresores en los 12 casos estudiados eran de origen español, con una media de 43 años de edad. El 58 % de las víctimas eran españolas con una media de edad de 40 años. En el 57 % de los casos el feminicidio se produjo cuando la víctima había manifestado su intención de separarse y en el 41 % cuando ya estaban separados. En estos últimos la agresiones se produjeron a las pocas semanas de la separación.

El estudio señala en todo caso que con los datos del Observatorio de Bizkaia de la Violencia de Género sobre actuaciones policiales en el periodo entre 2013 y 2023, se ha intervenido en un total de 23.989 casos, de los que los feminicidios representan menos del 0,05%, por lo que lo definen como un fenómeno "muy infrecuente", lo que hace que su detección y prevención sea muy difícil.

Entre las conclusiones del informe destaca también que en 7 casos no había denuncia previa por lo que eran casos desconocidos para el sistema judicial, aunque en uno de ellos, el sistema sanitario sí había detectado la presencia de ideas agresivas y de muerte hacia la víctima. Señala también que "ni todas las victimas son iguales, ni necesitan lo mismo" por lo que es necesario individualizar la forma en que se las trata. Subraya también que la ideología machista y la desigualdad estructural entre hombres y mujeres están en la base de la violencia contra las mujeres y encuentra su mayor expresión en el ámbito de las relaciones de pareja.

El informe describe la violencia de género como un "concepto complejo que engloba una multiplicidad de situaciones" por lo que es necesaria una formación actualizada para entender y atender de forma multidimensional esta violencia en sus múltiples manifestaciones. Es importante incluir también la violencia económica y la violencia vicaria o las nuevas formas de victimización, como la ciberviolencia, tal y como recoge el Pacto de Estado de 2025.

Los expertos alertan también de que los sesgos de género, el "burnout", la excesiva carga de trabajo, la falta de tiempo y espacios de calidad en la atención, o la falta de autocuidado y supervisión, entre otros factores, pueden estar presentes en los profesionales de los servicios que atienden la violencia de género. Piden además sentencias condenatorias a la justicia para evitar que se fomente una sensación de impunidad de los agresores y se propone también reforzar la prevención desde el ámbito sanitario y asistencial.

Se proponen también entre otros medidas ampliar la atención al agresor para prevenir factores de violencia, visibilizar la violencia hacia las hijos, y agilizar la respuesta institucional, policial y judicial con la creación de una figura de coordinación. También el desarrollo de la plataforma de intercambio de información EBA, así como aumentar los medios materiales y humanos y dar continuidad al equipo de análisis de feminicidios.