Suspendida la licitación del contrato de limpieza de Vitoria tras un recurso de la patronal del sector

Vitoria-Gasteiz

El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi (OARC) ha acordado suspender de forma cautelar el procedimiento de adjudicación del nuevo contrato de limpieza pública urbana y recogida de residuos de Vitoria-Gasteiz, según una resolución a la que ha tenido acceso la Cadena SER. La decisión llega tras la presentación de un recurso especial por parte de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (ASELIP), que impugna el pliego de cláusulas administrativas y técnicas elaborado por el Ayuntamiento.

La resolución, con fecha del 19 de mayo, estima la medida cautelar solicitada por la patronal y paraliza provisionalmente un contrato valorado en 355 millones de euros a lo largo de los diez años previstos de vigencia. La suspensión busca evitar que el avance del procedimiento de licitación, hasta la posible formalización del contrato, anule los efectos de una eventual estimación del recurso.

El órgano de contratación ha valorado positivamente la adopción de la medida cautelar al entender que no impide la continuación del procedimiento hasta la fase de presentación de ofertas. La suspensión es limitada y se considera que el perjuicio al interés público es mínimo, dado el breve plazo previsto para resolver el recurso. Si este finalmente se desestima, el proceso podrá reanudarse en sus términos actuales sin alteraciones significativas. Con esta decisión se prioriza la eficacia del recurso especial y se garantiza la posibilidad de una revisión legal de los pliegos antes de que se adjudique un contrato de gran envergadura económica y técnica.

Fuentes del Ayuntamiento de Vitoria han subrayado que "es una medida cautelar que no paraliza el plazo de presentación de ofertas que termina el 13 de junio y eso no es óbice a que antes de esa fecha pueda haber resolución del propio OARC y el proceso continúe con total normalidad".

En la resolución no se informa de las razones de fondo que sustentan el recurso presentado contra el nuevo contrato de limpieza del Ayuntamiento de Vitoria. Fuentes municipales señalan que "se centra en aspectos económicos del pliego".

Un contrato ambicioso y de largo recorrido

El contrato suspendido forma parte de una de las apuestas estratégicas del Ayuntamiento de Vitoria para modernizar el sistema de limpieza urbana de la capital alavesa. El contrato contempla una duración de diez años —hasta 2036— y una inversión anual de 35,5 millones de euros, lo que supone un incremento de 10 millones respecto al anterior contrato.

La alcaldesa Maider Etxebarria ha defendido públicamente que el nuevo pliego representa “una respuesta a las necesidades de limpieza que la ciudadanía nos ha trasladado” y pretende marcar “un antes y un después en un servicio público fundamental”. El contrato persigue cumplir los objetivos marcados por la Ley de Residuos 7/2022, que exige alcanzar para 2035 una recogida separada del 50% de los residuos municipales.

Principales novedades del servicio de limpieza y recogida

Entre las principales mejoras previstas en el nuevo contrato destaca la renovación total de la maquinaria, con la incorporación de barredoras y camiones más sostenibles, muchos de ellos propulsados por gas natural y energía eléctrica. Además, se introduce el fregado mecánico de pavimentos, nuevas campañas de limpieza intensiva en barrios, y refuerzos en épocas como el otoño para la retirada de la hoja.

También se contempla una estrategia más ambiciosa de recogida selectiva: instalación de 500 papeleras selectivas, sustitución progresiva de contenedores por modelos más resistentes de acero galvanizado, y puesta en marcha de un sistema de recogida puerta a puerta para establecimientos del centro urbano. Asimismo, el Punto Verde Móvil será reemplazado por 20 puntos fijos de recogida de residuos especiales repartidos por toda la ciudad.

Calendario pendiente y resolución del recurso

El anuncio de licitación ya ha sido publicado y, según los plazos iniciales, las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 15 de junio. La intención del Ayuntamiento era que el nuevo servicio entrara en funcionamiento el 1 de enero de 2026.

No obstante, la suspensión cautelar impuesta por el OARC deja en pausa ese calendario. El órgano autonómico subraya que la medida adoptada es proporcional y temporal, y que no implica ningún pronunciamiento sobre el fondo del recurso. La resolución definitiva del expediente determinará si el proceso puede continuar en sus términos actuales o si debe retrotraerse para subsanar las posibles deficiencias señaladas por ASELIP.

De momento, el procedimiento queda detenido a la espera de que el OARC se pronuncie sobre la legalidad de los pliegos del contrato, una decisión que, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, no admite recurso.