Araba Bizirik llevará a los tribunales el Plan de Energías Renovables del Gobierno vasco
Industria prevé aprobar el PTS antes de fin de año
Concentración contra el despliegue de renovables en Vitoria / CDENA SER
Vitoria-Gasteiz
La plataforma Araba Bizirik, que agrupa decenas de colectivos en defensa del territorio y en contra del despliegue "desordenado" de parque eólicos y solares, llevará a los tribunales el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables que el Gobierno vasco confía en completar su tramitación antes de que acabe este año.
"Es que no nos queda otra para demostrar que no se están haciendo bien las cosas", asegura Roberto Ruiz de Arkaute, portavoz de Araba Bizirik a la Cadena SER.
La plataforma ha recabado la opinión de "reconocidos juristas" que consideran que el procedimiento administrativo seguido "no se ajusta a derecho" y presenta "unos vicios de tal envergadura que pueden desembocar en que el proceso sea nulo".
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Roberto Ruiz de Arkaute, portavoz de Araba Bizirik, sobre la judicialización del PTS
Araba Bizirik alude expresamente al hecho de que "no se esté garantizando una participación real de la ciudadanía", además del impacto del Plan, para justificar la judicialización del Plan. La decisión está tomada pero la plataforma va a esperar a la aprobación definitiva del PTS.
Aprobación definitiva
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno vasco aprobar el Plan de forma defintiva? Fuentes del Ejecutivo de Pradales confían en que pueda ser antes de que acabe este 2025. El PTS iba a culminar su tramitación a principios de este año, según la previsión que manejaba el anterior Ejecutivo de Urkullu, pero el documento sigue acumulando retrasos, desde que se inició su andadura en marzo de 2021. Desde entonces han pasado más de cuatro años.
El PTS de Energías Renovables es el Plan del Gobierno vasco para ordenar el despliegue de parques eólicos y fotovoltaicos en Euskadi. Sin embargo, nada más anunciarse el plan, arrancó una carrera entre promotores públicos y privados para sacar adelante sus proyectos que se cuentan por decenas.
Esta proliferación de proyectos y su consiguiente despliegue, especialmente concentrado en el territorio de Álava, ha encontrado una dura oposición y rechazo por parte de colectivos y municipios afectados.
