STOP Desahucios Gipuzkoa denuncia el desahucio inminente de una familia vulnerable en Errenteria
Rosa García, Portavoz de STOP Desahucios Gipuzkoa y Enrique Giménez, afectado por el desahucio
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Diversas organizaciones sociales, colectivos ciudadanos e instituciones locales han alzado la voz este martes contra la sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia nº5 de Donostia, que ha fijado para el próximo 15 de julio el desahucio de una familia vulnerable, compuesta por Enrique, Lourdes y su hijo de 10 años, de su vivienda en alquiler en Errenteria.
Según denuncian, la sentencia desestima el expediente de vulnerabilidad presentado por su defensa, a pesar de que la familia cumple con los criterios establecidos por el Real Decreto- Ley 11/2020, prorrogado por el RDL 1/2025, que suspende los desahucios de inquilinos vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2025.
Además, la resolución judicial también ha rechazado los recursos de reposición contra el fallo inicial, así como un reciente recurso de amparo ante la Audiencia Provincial, denegado al no haber podido consignar en el juzgado la deuda acumulada, una condición imposible de cumplir para esta familia cuyos ingresos provienen del Ingreso Mínimo Vital, por un importe mensual de 1.309,25 euros.
Recurso ante el Tribunal Constitucional
El pasado 8 de julio se presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional en el Tribunal Constitucional en Madrid, alegando indefensión y discriminación por motivos económicos. La defensa sostiene que la familia ha quedado excluida del derecho a la tutela judicial efectiva por no poder depositar una cantidad que excede con mucho sus recursos económicos.
Por el momento, se desconoce si el juez encargado del caso suspenderá el desahucio a la espera de una respuesta del alto tribunal. STOP Desahucios y otras plataformas sociales han solicitado formalmente al Ayuntamiento de Errenteria que medie ante los demandantes, Caixabank y BuildingCenter, para solicitar la suspensión del lanzamiento y negociar una alternativa habitacional.
El consistorio, que en 2015 se declaró Municipio Libre de Desahucios instados por bancos, fondos de inversión o grandes tenedores, ha sido valorado positivamente por las organizaciones por su compromiso aunque exige una intervención firme
Origen del conflicto
La familia firmó en el año 2006 una hipoteca con CaixaBank por valor de 245.373 euros. Ante la imposibilidad de afrontar los pagos tras la crisis económica, en diciembre de 2018 acordaron una dación en pago con alquiler social. En ese proceso, el banco cedió la propiedad y la deuda a BuildingCenter.
Durante la pandemia, la situación económica de la familia se agravó y en mayo de 2021 se presentó una demanda de desahucio. El mismo juzgado, con anterioridad había suspendido el proceso en noviembre de ese año tras reconocer la situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, la llegada de un nuevo juez ha supuesto un giro: ahora revoca esa protección alegando, entre otros motivos, que Lourdes tendría propiedades fuera del País Vasco, una afirmación que la defensa denuncia como un error de identidad, al haber sido confundida con otra persona del mismo nombre.
Advertencia de movilización ciudadana
Ante la falta de respuesta judicial, STOP Desahucios ha hecho un llamamiento a la ciudadanía y a las organizaciones sociales para impedir por medios pacíficos el desalojo previsto. "Si no se suspende el desahucio, lo impediremos con la movilización ciudadana", ha señalado la portavoz de STOP Desahucios, Rosa García.
Desde las plataformas advierten que el Juzgado de Primera Instancia nº5 de Donostia será directamente responsable de dejar en la calle a una familia con un menor de edad, sin alternativa habitacional y sin haber agotado todos los recursos legales por causas estrictamente económicas.
