Sindicatos denuncian las "condiciones laborables de miseria" en los centros especiales de empleo de Euskadi
Reclaman un acuerdo autonómico que signifique las condiciones laborales del colectivo

PATXI VENTURA DELEGADO DE ELA EN LANTEGI BATUAK LA RAZÓN POR LA MOVILIZACIONES
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Todos los sindicatos con representación en las empresas vascas de economía social denunciaron ayer el “bloqueo” en la negociación del primer convenio colectivo autonómico para los centros especiales de empleo en Euskadi, un sector que da trabajo a unas 14.000 personas, en su mayoría con discapacidad.
Delegados y trabajadores de ELA, LAB, CCOO, UGT, ESK y USO se concentraron frente a las instalaciones del grupo Gureak, en el camino de Illarra de San Sebastián, para exigir mejoras laborales y denunciar la “precariedad” y “discriminación estructural” que, según los sindicatos, sufren los empleados de este sector.
Bajo el lema "Langileentzako miseriako lan baldintzak. Hitzarmena orain!" (“Condiciones laborales de miseria para los trabajadores con diversidad funcional. ¡Convenio ya!”), reclamaron a Gureak —la empresa más grande del sector en Gipuzkoa y presidencia actual de EHLABE— y al resto de patronales (Berezilan, Lantegi Batuak, Indesa, Katea Legaia…) que se sienten a negociar un acuerdo justo y adaptado a la realidad vasca.
Los representantes sindicales Patxi Ventura (ELA) y Zigor Folla (LAB) señalaron que ya se habían mantenido tres reuniones con la patronal sin avances significativos. “Se nos ha negado siquiera la posibilidad de iniciar una negociación real”, lamentó Ventura, quien criticó la falta de implicación por parte de las empresas.
Según Folla, los trabajadores del sector están sujetos a convenios de empresa o estatales, lo que genera desigualdades y condiciones laborales que no se ajustan a la realidad de Euskadi. Por ello, reclamaron un convenio autonómico que dignifique el trabajo y la situación del personal con discapacidad.
Los sindicatos instaron también al Gobierno Vasco y a las instituciones que financian a estas entidades a que “asuman su responsabilidad” y “se sienten a negociar” para poner fin a una situación que consideran injusta. “No aceptaremos la callada por respuesta”, advirtieron, recordando que se trata de un colectivo históricamente invisibilizado.




