Surfrider denuncia a la Comisión Europea de no actuar frente a la contaminación en aguas recreativas

San Sebastián

El último informe europeo afirma que el 85% de las zonas de baños cumplen con las normas de calidad. Aun así, la ONG dedicada a la conservación de los océanos, Surfrider Foundation Europe, denuncia que esta evaluación ofrece una imagen engañosa y peligrosa, ya que se analizan solamente dos bacterias y se realiza únicamente durante el verano, en zonas oficialmente designadas para bañistas.

Xavier Curto, coordinador de la delegación española de Surfrider, afirma que la evaluación actual de las aguas recreativas es incompleta y poco exigente. Además, esta medición no responde a los desafíos ambientales y de salud pública actuales. Ante esta situación, la Comisión Europea no revisará la Directiva sobre aguas de baño, una normativa que se adaptó hace 19 años y que es ineficiente ante los nuevos tipos de contaminación.

La Comisión Europea analiza solamente dos bacterias fecales, que son Escherichia coli y enterococos. La ONG denuncia que estos dos indicadores no representan la totalidad de los riesgos sanitarios y ambientales que se encuentran presentes en el mar. No se analizan contaminantes invisibles que amenazan la salud pública y los ecosistemas, como microplásticos, cianobacterias, residuos flotantes, contaminantes químicos persistentes (como los PFAS) o floraciones algales nocivas.

La evaluación de las aguas se realiza solo durante la estación de verano y se mide solamente en la zona de bañistas. El problema es que no se miden otras áreas donde se practican deportes como el surf, el paddle surf o el snorkel, que se practican durante todo el año.

Desde 2021, la ONG está exigiendo una evaluación más amplia y ambiciosa para garantizar tanto la seguridad real de la ciudadanía, como la salud de los ecosistemas acuáticos. Los puntos más destacados de las propuestas son los siguientes: la vigilancia de las aguas durante todo el año, la inclusión de nuevos parámetros de contaminación, la ampliación del número de zonas vigiladas y la mejora del acceso público a la información sobre la calidad de las aguas y la participación ciudadana.