Familiares de un preso fallecido en Zaballa reclaman 100.000 euros al Gobierno vasco por no impedir la entrada de droga en la cárcel

Vitoria-Gasteiz

Familiares de un preso fallecido en el centro penitenciario de Álava reclaman al Gobierno vasco 105.016 euros de indemnización, al entender que su muerte se produjo “debido al consumo de cannabis que pudo adquirir en el centro penitenciario de forma extraoficial, además de los medicamentos que tenía prescritos”. El Ejecutivo defiende la actuación de la cárcel, asegura que el acceso de sustancias prohibidas "es difícil pero no imposible" y sostiene que el joven consumió la droga que le causó la muerte "por su propia y libre decisión".

El 6 de febrero de 2024 el preso fue hallado muerto en su celda por dos funcionarios en el recuento de la mañana. Según el informe forense, la causa fundamental de la muerte fue "una reacción lesiva aguda inducida por el consumo combinado de psicofármacos y cannabis". El Instituto de nacional de Toxicología y Ciencias forenses determinó que había existido consumo de cannabis y psicofármacos, como metadona, venlafaxina, pregabalina, paliperidona, risperidona, clonazepam, alprazolam, nortriptilina y amitriptilina...todos los psicofármacos en rango terapéutico.

Transcurrido año y medio de la muerte, el departamento de Justicia y Derechos humanos del Gobierno vasco ha elevado una consulta a la Comisión Jurídica Asesora del Ejecutivo (COJUA) ante sendas reclamaciones de reclamación de responsabilidad patrimonial por parte del padre y un hermano del preso fallecido. El padre reclama 86.484,01 euros y el hermano, 18.532,29. Recuerdan que la Administración penitenciaria tiene la obligación de velar por la vida, la salud y la integridad de los internos y establecen un nexo de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el fallecimiento de su familiar.

Concretamente, ambos sostienen que la presencia de cannabis y metabolitos en la sangre de su familiar indica que los medios del sistema penitenciario para evitar el acceso y distribución o tráfico de sustancias estupefacientes no han funcionado.

Por contra, la Administración entiende que la actuación de la Administración penitenciaria fue la adecuada y que el trágico suceso fue debido a la propia y libre decisión del interno de consumir drogas psicotrópicas (cannabis), a sabiendas de que su combinación con la medicación que tenía pautada para tratar sus adicciones podría suponer su fallecimiento. "El fallecimiento es consecuencia directa de la propia conducta del fallecido, por lo que es este quien debe asumir las consecuencias de sus propios actos, sin que exista título legitimo alguno para trasladarlo a los poderes públicos", consta en el dictamen de la Comisión, que concluye que no puede establecerse un nexo causal entre la actuación de la Administración penitenciaria y el fallecimiento del interno, ya que el funcionamiento del servicio penitenciario se desenvolvió de acuerdo con los estándares razonables de funcionamiento.

La Administración penitenciaria explica a la Comisión que ha desarrollado una estrategia específica para detectar, prevenir y evitar las intoxicaciones o sobredosis, con medidas para controlar la demanda y también la oferta: para evitar o reducir al máximo posible la introducción y distribución de sustancias tóxicas en el interior de la prisión. El centro penitenciario explica que suele practicar registros periódicos, cacheos, incluso exploración radiológica de los reclusos, pero reconoce que el acceso de sustancias prohibidas a la prisión no es imposible. La prisión concluye que "el fallecimiento ha tenido lugar a pesar de la actuación de la administración y no guarda relación, ni directa ni indirecta, con un funcionamiento anormal ni normal de la misma".