El Colegio Osotu de Güeñes, con 203 alumnos, obligado a cerrar a las puertas del nuevo curso

El colegio Osotu Lanbarri ha decidido este miércoles en asamblea cerrar, detener su actividad educativa iniciada en 2018. Tras dos meses de protestas y más de uno manifestadas las familias a las puertas de la sede del Gobierno Vasco en Bilbao, incluida una huelga de hambre a turnos, el Gobierno Vasco ha dado carpetazo a la posibilidad de concertar el centro este martes. En su reunión el día dos de septiembre, a la que esperaba con ansias la AMPA, el departamento de Educación les sugirió, afirman, que "suban las cuotas o que sean creativos, como hacen otras fundaciones en Madrid para conseguir dinero". Asimismo, cuentan familias del centro que dijeron que "no iban a dar nada por escrito porque ya habían aprendido la lección y que las familias teníamos que estar calladas para tener la posibilidad de tener una reunión con ellos en noviembre".

Lejos de dar continuidad a una "propuesta" que se puso sobre la mesa en 2023, el Gobierno Vasco habló de un nuevo marco normativo a través del que Osotu podría obtener financiación en un futuro. Futuro inexistente para un centro carente de financiación y que se ha visto arrinconado y abocado al cierre. Sin embargo, "de ese nuevo marco no se nos ha podido avanzar ningún detalle concreto, especialmente la horquilla de importes de las ayudas. El único compromiso ofrecido es una nueva reunión en noviembre", cuentan las familias. Una reunión tardía que deja en la calle, sin centro, a las puertas del curso escolar a más de 200 niños y niñas.

Propuesta no abierta a negociación

Centrado en una educación "cercana", a menudo tildada de "alternativa" pero que acoge un mayor porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales que el resto de colegios vascos, el ejecutivo vasco planteó al centro una "propuesta no abierta a negociación" el 28 de julio de 2023. Se trataba de una propuesta que abría las puertas a negociar la concertación del centro. Dicho documento, presentado más bien como una única oferta que el centro podía aprovechar o desestimar -y que estimó sin rodeos- establecía una serie de requisitos que Osotu Lanbarri debería cumplir para ceñirse al régimen jurídico de centros concertados. Fue remitido por el director de Régimen Jurídico y Servicios del departamento de Educación, un cargo que cambió de cara en pleno proceso.

Por eso, a finales del año 2023, el departamento de Educación dejó de responder a los correos del centro. Un posible acuerdo para regular la educación que impartía Osotu e incluirla en el plan de subvenciones que reciben los centros concertados de Euskadi, que salvaría la "insostenibilidad estructural" identificada por el ejecutivo en la estructura del colegio de Güeñes. Veía así, la AMPA del centro, cómo comenzaba a desvanecerse la ilusión que había generado el propio departamento.

"No sabían nada del tema"

En sus reuniones de cara a materializar el dinero que esperaba recibir la dirección del centro de cara a 2024, Educación "no sabía nada del tema". Así lo relata Mari Mar Hernáez, que cuenta junto con la AMPA cómo se encontraron sentadas frente a caras nuevas que no les conocían a ellas y tampoco, según decían, el acuerdo. Un acuerdo que se volvió desconocido e "inexistente" también para las caras con las que llevaban ya más de un año trabajando. Se desestimaron las intenciones de Osotu Lanbarri, un seño que terminaba de caer ante la negativa del departamento de la consejera Begoña Pedrosa.

Es lo que relata el centro, frente a un Gobierno Vasco que tan solo afirma que con Osotu, como centro privado, no tienen responsabilidad alguna en cuanto a su situación económica. Declaran que "en cuanto a la concertación, existen unos requisitos que deben cumplirse para poder acceder a ella. Al centro ya se le denegó en 2022 y, tras analizar la solicitud presentada este año, no ha aportado cambios respecto a lo que ya se valoró entonces", algo que choca de frente con el documento que presentó en julio de 2023 el departamento, ofreciendo una propuesta que era más una senda que abría la puerta a su concertación. También con la valoración positiva que el colegio afirma que ha recibido todo este tiempo

Tras desentenderse del segundo año de la hoja de ruta que fijaba dicho escrito, aprobó el Consejo de Gobierno una dotación de 517.000 euros al centro como "subvención" por su buen hacer como centro el pasado julio, antes de finalizar el curso político. No mencionaba el plan de concertación, tampoco el acuerdo. Así, las familias han estado todo agosto plantadas a las puertas de la sede del Gobierno en Bilbao, tratando de recibir alguna respuesta y evitar que más de 200 alumnas y alumnos pierdan una oferta educativa "muy positiva". No lo han conseguido.