Un médico y una opositora de Cirugía Plástica se sentarán en el banquillo por el caso de la filtración de exámenes en la OPE de Osakidetza

Vitoria-Gasteiz

La Audiencia Provincial de Álava ha corregido parcialmente el archivo total de la causa por el supuesto fraude en las oposiciones de Osakidetza de 2018 acordado el pasado mes de diciembre por la jueza instructora del caso. La revocación del sobreseimiento de las diligencias afecta a dos de los 19 imputados y a una sola categoría, Cirugía Plástica, de las ocho especialidades médicas investigadas. Para el resto, el tribunal confirma el archivo de las actuaciones. El auto es firme y no cabe recurso.

La revocación tiene su origen en un recurso presentado por los sindicatos LAB y ESK que han lamentado ya el desenlace por "insuficiente", porque tienen la certeza de que las filtraciones de exámenes se dieron en muchas más categorias.

El auto, que se ha concido este miércoles, abre la puerta a que se sienten en el banquillo del doctor Alfredo Martínez y la opositora Thais Salas. Esta última era entonces la pareja de un hijo del doctor Martínez y trabajaba además en el mismo hospital de San Sebastián donde este era Jefe de Servicio de la unidad de Cirugía Plástica.

"Rozó la perfección"

Así las cosas, el doctor se abstuvo de formar parte del tribunal, pero no renunció a redactar la mitad de las preguntas del examen teórico. Según recoge el auto, Salas "rozó la perfección" en las preguntas elaboradas por su suegro: 44 correctas sobre 46, pero fue "mucho más pobre" al contestar a la otra mitad con 24 aciertos sobre 45.

Tras destaparse las irregularidades, el director de Recursos Humanos de Osakidetza se reunió con la opositora que finalmente renunció a continuar con el proceso.

Precisamente, la instructora del caso se apoyó en dicha renuncia para dar carpetazo también a esta pieza de la investigación. Una decisión que ahora corrige la Audiencia de Álava al considerar que la renuncia es compatible con la existencia de un delito de violación de secreto e infidelidad en la custodia de documento público que la propia instrucción también había advertido.

El caso irá a juicio o al menos el auto abre ahora esa sólida posibilidad que en diciembre se cerró para ambos imputados. Sin embargo, la situación procesal no cambia para el resto ya que el tribunal concluye que las pruebas recopiladas en la investigación son "insuficientes" para pasar de las sospechas a las "certezas" y no ve tampoco razones de pesosobre la existencia de "un fraude generalizado diseñado desde arriba" que los sindicatos denunciantes todavía hoy siguen sosteniendo.