Euskadi prepara una ley para reorganizar los juzgados y hacer la justicia “más accesible e igualitaria”

Bilbao

La justicia vasca se encuentra en un momento de transformación. Así lo explica Inés Soria, magistrada y actual asesora en materia penitenciaria del Gobierno Vasco, que coordina la redacción de una nueva ley destinada a reorganizar los juzgados y la oficina judicial. Una reforma que, según subraya, tendrá un “gran calado” porque afecta a la estructura misma de la administración de justicia.

“El objetivo de esta ley es conseguir una mayor eficacia en el uso de los recursos, reorganizar los equipos y adaptar los espacios a las necesidades reales de la ciudadanía”, detalla Soria en La Ventana Euskadi. La magistrada insiste en que no solo importa “qué se decide en un juzgado”, sino también “cómo se decide y con quién”. De ahí que el proyecto legislativo incluya medidas para mejorar la atención al público, reforzar los juzgados más saturados, y garantizar que ámbitos sensibles como la violencia de género o los procesos de familia cuenten con personal especializado y suficiente.

“Queremos una justicia más accesible, más igualitaria y que ofrezca mejores medios para que el poder judicial pueda desempeñar su función”, resume. Entre los cambios previstos menciona la creación de espacios más reservados para comunicar resoluciones delicadas, la redistribución de plantillas en función de la carga de trabajo y una mayor formación del personal. “Todos hemos acudido a un juzgado y hemos visto un entorno hostil, lleno de ruido y con falta de intimidad. Es ahí donde queremos actuar”, añade en la SER.

Falta de jueces

Uno de los problemas estructurales, recuerda Soria, es la escasez de jueces. “Estamos siete puntos por debajo de la media europea, y eso no depende directamente de nosotros”, reconoce. Desde el Gobierno Vasco, explica, se han solicitado nuevas plazas en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), pero la competencia última recae en el Estado. Mientras tanto, se trabaja en redistribuir el personal de apoyo y en equilibrar las cargas de trabajo “para que los tiempos de respuesta no dependan del juzgado en el que caiga un caso”.

Soria pone el acento también en la dimensión emocional. Recientemente ha codirigido un curso sobre duelo para profesionales del ámbito judicial. “El sistema es muy técnico y muchas veces distante, pero detrás de cada procedimiento hay personas que llegan en situaciones emocionalmente muy duras”, explica. Por eso aboga por incorporar formación específica para magistrados y funcionarios que permita un trato más humano: “A veces basta con simplificar el lenguaje, dar cinco minutos para procesar una noticia o permitir que la persona comprenda mejor lo que está pasando”.

Balance positivo de la transferencia penitenciaria

Más allá de la reforma judicial, la asesora hace balance de la transferencia de competencias en materia penitenciaria a Euskadi. Lo califica de “positivo” tras una primera fase de ajustes de personal e infraestructuras. “Ahora podemos aplicar políticas públicas propias, definir programas de reinserción adaptados y reforzar el vínculo con el entorno social del interno”, apunta.

La magistrada recuerda que el trabajo con las personas presas es “individualizado y progresivo”, y que los programas exigen compromiso voluntario. “No puedes obligar a alguien a cambiar de la noche a la mañana. Hay que respetar los tiempos de adaptación y acompañar el proceso. A veces se empieza por lo más básico: rutinas de higiene, alimentación o hábitos de convivencia”, relata.

Uno de los avances más importantes, destaca, ha sido la creación de una red de apoyo con el tercer sector para acompañar las salidas programadas y el paso hacia la semilibertad. “Ese puente con entidades sociales es esencial para garantizar que la persona pueda volver a la sociedad con apoyos reales y no recaiga”, subraya.