Euskadi refuerza el programa NARE: 120.000 euros en 2026 para proteger a activistas perseguidos

Bilbao

María Esther Mbang Nguema Mangue llegó hace menos de un año a Euskadi. Lo ha hecho a través del programa NARE porque en su país, en Guinea Ecuatorial, defender los derechos del colectivo LGBT está prohibido. "Incluso estando aquí continúan las amenazas", ha comenzado explicando Nguema. "Conociendo el entorno de Guinea Ecuatorial, seguramente si eme hubiera quedado estaría encarcelada. Hay muchas personas que se mueren en la cárcel, por las torturas, por los maltratos, si no aguantas, mueres", ha continuado. Las circunstancias de esta mujer, miembro del Colectivo Feminista y LGTBIQA+ Somos Parte Del Mundo (SPDM), además de miembro de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), le impiden volver.

Lo cierto es que Nguema es una excepción, el programa NARE, iniciativa del Gobierno Vasco, aunque gestionado con Zehar-Errefuxiatuekin y apoyo de eLankidetza contempla que tres personas respiren de su situación durante 6 meses en Euskadi. Un programa que se inició en 2011 y que acoge desde entonces personas defensoras de Derechos Humanos en riesgo por amenazas, persecución o violencia; personas LGTBIQ+ o defensores de la tierra, territorio y bienes comunes (campesinado, indígenas, afrodescendientes).

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La directora de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Gobierno Vasco, Ainhoa Zugasti, ha anunciado que la partida destina al programa va a aumentar para el 2026, situando la partida en 120.000 €. De hecho, se acaba de abrir el plazo de presentación de candidaturas dirigido a ONG, asociaciones u organizaciones hasta el 15 de octubre.

NARE ha acogido desde hace casi 15 años más de 40 personas de diferentes nacionalidades como Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Perú, Nicaragua o el Sahara.

Herri Babesa Sarea

A este compromiso se suma también la Red Vasca Municipal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos (Herri Babesa Sarea), impulsada por la Fundación Mundubat, con el apoyo económico de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo y el apoyo de Euskal Fondo, y presente ya en 14 municipios vascos, entre ellos Amorebieta-Etxano, Durango, Ermua o Galdakao. Su coordinador, Fernando Vázquez, ha explicado que el papel de los ayuntamientos es clave: “No se trata solo de acoger, sino de dar respaldo político e institucional para que estas personas estén protegidas. Cuando una persona regresa a su país, saber que cuenta con el apoyo expreso de municipios vascos puede marcar la diferencia”.

En localidades como Amorebieta-Etxano, su alcaldesa, Ainhoa Salterain, ha recordado por su parte que este trabajo de sensibilización se traslada también a la ciudadanía con actividades, charlas y exposiciones: “Es importante acercar otras realidades a la ciudadanía y reforzar valores de solidaridad y justicia social”.