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El Parlamento vasco no investigará las colonias de Bernedo

PNV y PSE admiten "graves fallos" pero rechazan crear una comisión de investigación y advierten al PP que "no todo vale"

Salón de plenos / PARLAMENTO VASCO

Salón de plenos

Vitoria-Gasteiz

El Parlamento vasco no pondrá en marcha una comisión especial que investigue los sucesos ocurridos en los udalekus de Bernedo. Estas colonias, organizadas por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, acumulan hasta la fecha 21 denuncias por los presuntos delitos de agresión sexual, exhibicionismo y coacciones a los menores que participaban en los campamentos. Solo Vox ha apoyado la iniciativa del PP que han tumbado PNV, PSE, EH Bildu y Sumar.

La parlamentaria popular, Laura Garrido, ha denunciado "la pasividad palpable" e "inacción absoluta" tanto del Gobierno vasco como del resto de instituciones.

Tras enumerar hechos denunciados por las familias como menores "obligados a ducharse en duchas mixtas desnudos con sus monitores", Garrido ha indicado que "lo grave e inexplicable" es que "muchos de ellos ya eran conocidos por el Gobierno vasco y no actuó". "El Gobierno vasco los ha permitido y tolerado" ha lamentado.

"No valen para nada"

El parlamentario del PNV, Aitor Urrutia, se ha opuesto, entre otras razones, porque estas comisiones "no suelen valer para nada más que para juicios mediáticos, paralelos y las llamadas penas del telediario". "Que determine un juez las responsabilidades que hayan podido existir, del tipo que sea, y el que las haya hecho, que pague, y eso no es ni trasfobia ni fascismo", ha defendido.

Por su parte, el socialista Pau Basi sí ha reconocido que ha habido "graves fallos en el sistema", que "no se ha actuado con el rigor necesario" y ha confiado en que la justicia hará su trabajo. "Ojo con usar estas cosas para la disputa política de vuelo bajo", ha pedido y ha reprochado al PP que "no todo vale" con menores.

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Laura Garrido, PP, Aitor Urrutia, PNV y Pau Blasi, PSE, sobre la comisión parlamentaria de investigación del caso Bernedo

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La representante de EH Bildu Enaitz Saez de Egilaz ha opinado que "la existencia de este 'udaleku' no es un delito". Ha pedido abordar el tema "con seriedad porque lo relevante es "proteger a los menores", que la justicia y la Ertzaintza actúen con "la diligencia, rapidez y sensibilidad que exige" esta cuestión y ha criticado el "carroñerismo y el intento de la derecha de instrumentalizar" este caso.

Por último, Jon Hernández, parlamentario de Sumar, ha acusado al PP de usar esta caso "como arma política", ha opinado que las instituciones "han fallado", y ha defendido que lo ocurrido en Bernedo "debe ser juzgado y no se puede repetir, pero no se puede usar para generar discursos de odio y señalar a colectivos".

El texto aprobado

El acuerdo aadoptado por la Cámara vasca expresa su "más absoluto rechazo y condena" a los hechos denunciados en el campamento de la localidad de Bernedo, muestra "tolerancia cero" a cualquier acto que vaya en contra de la dignidad y de los derechos de la infancia y de la adolescencia, y reitera su "compromiso con la protección de cualquier eventual vulneración de los derechos que amparan a los menores".

Además, manifiesta su firme compromiso con la protección de los derechos de la infancia, adolescencia y juventud, materializando tal compromiso mediante el fortalecimiento de la Red Astialdi que conforman las administraciones públicas y los agentes sociales.

La cámara vasca insta al Gobierno vasco y al resto de instituciones a la creación, junto a las familias y agentes sociales, de "un protocolo de registro e información de las entidades que trabajan con menores en el tiempo libre y en el ocio", que se regirá bajo los principios de rigor, coordinación y transparencia.

Además, insta al Gobierno vasco y al resto de instituciones vascas a continuar trabajando en el desarrollo de la Ley 2/2022, de 10 de marzo, de Juventud, así como en la Ley 2/2024, de 15 de febrero, de Infancia y Adolescencia.

Por último, el texto aprobado aboga por poner a disposición de las familias de los menores afectados, todos los recursos y medidas de apoyo que sean necesarias, con el fin de "garantizar la no revictimización de los menores, exigiendo el cumplimiento de las resoluciones judiciales que se dicten al respecto".

 

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