Cuatro salvadoreños exiliados en Bizkaia denuncian persecución bajo el gobierno de Nayib Bukele

Bilbao

El 1 de junio de 2019 El Salvador comenzaría una nueva era con la llegada al poder de Nayib Bukele. El joven político y empresario salvadoreño lanzó entonces el Plan Control Territorial, una estrategia cuyo objetivo era combatir las "altas tasas" de criminalidad y las pandillas en el país. Durante estos últimos seis años de gestión, el Gobierno, alineado con posturas conservadoras y autoritarias, ha afirmado haber logrado una "notable reducción" de los homicidios y un "fortalecimiento" de la seguridad ciudadana. Sin embargo, el país centroamericano, con más de seis millones de habitantes, vive desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción, prorrogado de manera continua. "El régimen de excepción es un instrumento que se ocupa para perseguir a liderazgos de diferentes niveles que dicen las cosas sobre Bukele que Bukele no quiere que nadie sepa", explica Ramiro Navas, dirigente de un movimiento de oposición, además de candidato a alcalde de la capital en 2024.

Autocensurarse o alzar la voz y como consecuencia de esta segunda, acabar exiliado, por ejemplo, en Martin Etxea, en el barrio de Santa Juliana (Gallarta). Allí, a la casa gestionada por la ONG Mundubat, han llegado, en diferentes tiempos, políticos, abogados y defensores de Derechos Humanos de El Salvador. Es el caso de Samuel López, coordinador y gestor de las redes sociales del Bloque de Resistencia Y Rebeldía Popular, un agrupamiento de organizaciones sociales y populares de izquierda. "También realicé contrainteligencia en el momento de las actividades de calle. Siempre había policías que no estaban identificados, nos perseguían. Les realice fotografías, documenté sus perfiles", narra López. "Un día fueron dos policías a buscarme a la casa vestidos de civil. Yo no estaba. Mi madre me avisó, y eso me permitió salir del país sin ser capturado", continua.

En esa misma casa además de Samuel López y Ramiro Navas está Ivania Cruz, abogada salvadoreña que ha asumido la representación legal de más de 100 detenidos bajo el régimen de excepción, además de denunciar detenciones arbitrarias, torturas y muertes en los cinco centros penitenciarios principales del país. Estas acciones y su notoriedad por su labor en la defensa de su propio hermano como preso político han hecho que el propio Nayib Bukele haya emitido este pasado mes de junio una orden de detención internacional contra ella y su pareja Rudy Joya, también desde hace meses en Martin Etxea. "La garantía de nosotros fue que en el mes de abril solicitamos el asilo político. En mayo nos dieron una carta de protección. Por eso no hemos sido extraditados, pero si no automáticamente hubiéramos ido para la cárcel de Bukele, donde hubiéramos sido torturados, no se nos hubieran garantizado nuestros derechos y podríamos haber acabado como unos muertos políticos", manifiesta Cruz.

Conciencia política y difusión

Lo cierto es que no todos los salvadoreños tienen la opción de tener conciencia política, precisamente Rudy Joya pone el foco en la educación: "Ya nos costaba el tema de acceder a educación de calidad. Ahora es peor. Los jóvenes no llegan ni al Bachillerato. El gobierno está vendiendo que es mejor ser youtuber o creador de contenido".

Por eso, periodistas, defensores, abogados como Ivania Cruz, Rudy Joya, Ramiro Navas o Samuel López continúan su labor a pesar de estar exiliados; siguen realizando incidencia política, por ejemplo, en las diputaciones o en el Parlamento Vasco. "Quizás pensaron que nos íbamos a quedar callados por quedarnos exiliados acá, o por los procesos abiertos en nuestra contra de manera fabricada, pero no. La respuesta es seguir denunciando y acompañando a las comunidades y a las víctimas en El Salvador para que sigan", aclara Joya, a lo que la abogada salvadoreña añade que recibe más de 30 WhatsApp al día de personas que desde la distancia les solicitan ayuda.