Naroa Iturri, clínica Askabide: "Nos han llamado asesinas y genocidas"

Vitoria-Gasteiz

Vitoria se va a convertir la semana que viene el foco de la lucha por la seguridad y la libertad de las mujeres que ejercen su derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo. A partir del lunes 17 de noviembre, el Palacio de Justicia de Vitoria acogerá el juicio contra 21 personas del movimiento antiaborto "40 Días por la Vida," acusadas de coacción y hostigamiento por concentrarse frente a la clínica Askabide.

Este procedimiento es crucial, ya que se trata del "primer juicio de estas características que se celebra en el estado" desde la modificación del Código Penal por la Ley Orgánica 4/2022, que tipifica el acoso a las puertas de los centros en los que se practican abortos. Las concentraciones juzgadas se remontan a septiembre y octubre de 2022, aunque la clínica Askabide lleva sufriendo concentraciones desde 2014, la modificación legislativa de 2022 permitió a los directivos y trabajadores denunciar directamente, un paso que las mujeres, debido a su situación de gran vulnerabilidad psicológica, preferían no dar.

Igor Elberdin, director general de la clínica Askabide, relató la sorpresa inicial de ver a los concentrados a pesar de la nueva ley: "Nuestra sorpresa fue cuando un día estábamos en Vitoria y de repente una paciente que acaba de hacer una interrupción de embarazo sale y se encuentra con con seis o siete personas delante puestas, entra llorando, pasada... y nos cuenta que están ahí".

La organización de las protestas juzgadas se realizaron entre septiembre y octubre- cuando la Biblia recoge la travesía del desierto de Jesús- y desde la clínica decidieron presentar denuncias diarias. Cuando se consiguieron órdenes de alejamiento, la organización recurrió a convocar a personas de fuera de Euskadi, incluyendo Andalucía, Madrid e Iruña, para cubrir las concentraciones.

Un Movimiento Organizado y Coactivo

Naroa Iturri, directora de la clínica de Donosti y responsable de personal de Askabide, subraya la naturaleza del grupo: "Es algo totalmente organizado; un movimiento, un grupo organizado, creado en Estados Unidos, 40 días por la vida". Según Iturri, el objetivo final es claro: "su finalidad es cerrar las clínicas, hacer que los trabajadores, trabajadoras que trabajen en esas clínicas no trabajen y se vayan y evitar que las mujeres aborten".

El impacto de las concentraciones ha sido severo. Se han registrado "crisis de ansiedad" que han obligado a posponer interrupciones del embarazo. "Nos han llamado asesinas y genocidas y me han llegado a decir delante de mis hijos: los tuyos pueden vivir, pero matas a los de los demás", apunta y señala que eso es coactivo.

La batalla legal

La abogada de la clínica Askabide, Beatriz Ilardia explica el cambio normativo en el que se produce el proceso. La normativa entorno al aborto se modificó en el año 2022 para garantizar que las mujeres que ejercer el derecho a a interrumpir el embarazo voluntariamente lo hagan de manera libre y sin ser objeto de hostigamiento ni otro tipo de injerencias de ningún tipo. Sin embargo, en el proceso legislativo y durante su tramitación en el Senado, se incorporaron enmiendas que variaron la intención inicial. "El proyecto lo que pretendía era eh prohibir que se que haya concentraciones delante de clínicas donde se interrumpe voluntariamente el embarazo pero con las enmiendas, el texto final no prohíbe las concentraciones per se, sino que exige a la víctima o a la clínica demostrar que se causó molestia, hostigamiento, intimidación o coacción", señala la abogada.

La defensa de los 21 acusados se centra en la idea de que "rezar no causa molestia". Ilardia, sin embargo, enfatiza que la clave no es el acto de fe, sino su contexto: "lo que nosotros pedimos es que la ley se interprete conforme a su finalidad protectora; entendiendo que la molestia y la coacción son inherentes al hecho de situarse frente a una clínica con una intención clara de disuadir" y recuerda la jurisprudencia del Tribunal Supremo que apunta a que la coacción no requiere violencia física, sino que "los silencios pueden ser perfectamente intimidatorios. Una mirada puede ser intimidatoria".

La acusación particular pide para los 21 encausados una pena de "cinco meses de prisión, sustituibles por trabajos en beneficio de la comunidad, y una prohibición de acercarse a la clínica durante tres años. Además, solicitan una indemnización de 20.000 € por los perjuicios causados. La fiscalía, que también se ha personado en el juicio, pide también 5 meses de cárcel sustituibles por trabajos a la comunidad.

Naroa Iturri confirma que este juicio está siendo seguido por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción de todo el Estado, buscando un referente para el resto de de las ciudades del estado en las que se producen este tipo de concentraciones. Ilardi concluye que confía en una sentencia condenatoria, alineada con el sentir del legislador y las recomendaciones internacionales de establecer perímetros de seguridad, 100-150 metros, como en Reino Unido o Francia.