El efecto de las nuevas prórrogas del alquiler en los inquilinos de Gipuzkoa: "No hay alternativa habitacional"

'Nos dieron tres meses para irnos'. La frase se repite con matices en los relatos de decenas de inquilinos de Gipuzkoa que han recibido en los últimos meses un burofax anunciando el fin de su contrato de alquiler, con un mercado tensionado al otro lado de la puerta. Noemí y Silas forman una familia con tres niñas pequeñas. Dependen de la RGI y han cumplido siempre con el alquiler. El casero les comunica que quiere vender la casa y cuando empiezan a buscar, se topan con requisitos inasumibles, alquileres de "800 euros por una sola habitación, exigencia de dos nóminas altas, avales, fianzas y seguros de impago" que no se pueden permitir.

En la misma situación se encuentra Jaime, vecino de Rentería junto con con su mujer y sus dos hijas. Lleva 23 años en el mismo piso dedicando al alquiler prácticamente la mitad del presupuesto familiar. Hace semanas que les han comunicado la rescisión del contrato. Igual que a Jennifer, vecina de Altza y madre soltera con dos hijos a su cargo sin alternativa habitacional en el mercado libre. En su caso, el piso en el que residen ha sido adquirido por un fondo de inversión.

En todos los casos, la respuesta ha sido la misma: solicitar la prórroga extraordinaria del contrato que permite la nueva Ley de Vivienda en los municipios declarados como zonas tensionadas.

Hace dos meses que empezaron a aplicarse en Gipuzkoa las medidas asociadas a la declaración de municipios como zonas de mercado residencial tensionado, en el marco de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda y la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Entre ellas, la prórroga extraordinaria de los contratos de vivienda habitual, que permite a los inquilinos en estas zonas solicitar hasta tres años adicionales de contrato, en prórrogas anuales, siempre que estén al corriente de pago y no se dé alguna excepción tasada.

El funcionamiento práctico de estas medidas se ha convertido en el día a día de Stop Desahucios Gipuzkoa. Rosa, portavoz de la plataforma, explica que han tramitado en estas semanas varias decenas de solicitudes de prórroga extraordinaria de uno y tres años.

“Afortunadamente, desde la entrada en vigor de los municipios tensionados y gracias a la Ley de Vivienda hemos observado que existen herramientas reales para impedir desahucios, tanto por finalización de contrato como por impago de rentas”, recalca.

La prórroga no se aplica de forma automática. Según la experiencia de la plataforma, en una parte de los casos los propietarios aceptan la prórroga y el contrato se prolonga. En otros, se deniega o no se contesta y el conflicto pasa al juzgado en forma de demanda de desahucio por finalización de contrato, no por impago. En esos supuestos, las familias vulnerables pueden acogerse a la suspensión de desahucios prevista en la normativa estatal.

“Desgraciadamente, cuando finaliza el periodo legal del contrato, lo que vemos es que mandan un burofax fijando la fecha de desalojo y, en ningún caso ofrecen la renovación del contrato”. A su juicio, detrás está “un falso criterio de uso de las viviendas como objeto de especulación”, aprovechando “la escalada insostenible del precio del metro cuadrado” y, en algunos casos, la posibilidad de destinar las viviendas a usos turísticos o a contratos temporales.

Más allá de los casos extremos, Stop Desahucios insiste en que el problema ya no se limita a colectivos tradicionalmente vulnerables. “El acceso a una vivienda digna y asequible se está impidiendo también a las clases medias y, por supuesto, a los jóvenes”, señala Rosa, que alerta de que “estamos privando a muchos menores de crecer en un entorno seguro, sin la tensión de un ‘me tengo que ir en cuatro meses y no encuentro nada’”.

En paralelo, Stop Desahucios denuncia la proliferación de contratos temporales en viviendas que, de facto, son residencias habituales. Contratos de once o doce meses que se encadenan, a veces alternando con usos turísticos, y que la normativa considera fraudulentos cuando no existe una causa real que justifique el carácter temporal, como un traslado laboral o una estancia por estudios. En estos casos, explican, cabe reclamar la conversión del contrato a uno de larga duración ante los tribunales.

Frente a quienes ven la vivienda exclusivamente como una inversión, lanza un mensaje que resume la posición de la plataforma: “La vivienda no es un objeto de especulación; es un derecho recogido en la Constitución y en el derecho internacional”.