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“SMI de 1.500 euros ya”: los sindicatos vascos y navarros convocan una huelga general el 17 de marzo

ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y Etxalde acusan a los gobiernos vasco y navarro de “agresión antidemocrática” por bloquear el debate sobre un salario mínimo propio

“SMI de 1.500 euros ya”: los sindicatos vascos y navarros convocan una huelga general el 17 de marzo

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Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y Etxalde han anunciado este lunes la convocatoria de una huelga general en Euskadi y Navarra el próximo 17 de marzo para reclamar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio de al menos 1.500 euros mensuales. La decisión ha sido comunicada en una rueda de prensa en Bilbao bajo el lema: “Gutxieneko soldata hemen erabaki. SMI 1.500 euro. Mejorar salarios para repartir la riqueza”.

La convocatoria supone el mayor desafío sindical coordinado de los últimos años en Hego Euskal Herria y marca un punto de inflexión en la batalla por el poder de decisión sobre la política salarial en ambos territorios.

Reproches a los gobiernos: “Es una agresión antidemocrática”

Durante la comparecencia, el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, y la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, han denunciado lo que califican como una “agresión antidemocrática” por parte de las instituciones de Euskadi y Navarra, a las que acusan de bloquear el debate parlamentario sobre un SMI propio, pese a la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Según señalaron, “los representantes políticos están negando a la sociedad el único camino para proponer cambios legales”, un gesto que consideran “muy grave” porque “limita enormemente la democracia”.

Autogobierno y soberanía salarial: eje de la protesta

Los sindicatos sostienen que el rechazo institucional a tramitar un salario mínimo propio supone también un “desprecio al autogobierno” y a la posibilidad de que Euskadi y Navarra regulen ámbitos que afectan directamente a la clase trabajadora.

Acusan a los ejecutivos de Gasteiz e Iruña, junto a las patronales Confebask y CEN, de querer “imponer la legislación laboral española” y de perpetuar un modelo que, a su juicio, “precariza aún más” a los trabajadores vascos y navarros.

Ante ese escenario, anuncian una respuesta “contundente”: la huelga general del 17 de marzo, con la que buscan forzar una negociación política y sindical sobre un marco salarial propio.

1.500 euros en 2026: la propuesta sindical

La propuesta de los sindicatos plantea que el SMI propio de Euskadi y Navarra sea de al menos 1.500 euros en 2026, una cifra que consideran necesaria para garantizar condiciones básicas de vida, combatir la precariedad y mejorar el reparto de la riqueza.

Para ello, exigen:

  • Que los parlamentos de Euskadi y Navarra puedan legislar un SMI propio tras reformar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores.
  • Que los partidos vascos y navarros trasladen esta reivindicación a Madrid para abrir el debate en el Congreso.
  • Que las patronales firmen acuerdos interprofesionales que fijen el SMI vasco y navarro en 1.500 euros.

Los sindicatos advierten de que no apoyarán ninguna reforma del estatus político o jurídico de los territorios si esta no reconoce esa competencia.

Impacto en salarios, pensiones y desigualdad de género

Los convocantes defienden que elevar el SMI a 1.500 euros tendría un efecto arrastre en la negociación colectiva, empujando al alza otros salarios y ayudando a reducir la brecha salarial que afecta especialmente a las mujeres.

Además, proponen que ese SMI se convierta también en pensión mínima, en línea con una reivindicación histórica del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria.A su juicio, esta cifra permitiría además acceder a una vivienda y sostener un proyecto de vida independiente, algo hoy fuera del alcance de muchos jóvenes, migrantes y colectivos precarizados.

“Un punto de inflexión para repartir la riqueza”

En la recta final de su comparecencia, los sindicatos han afirmado que la huelga general supondrá “un paso adelante para reivindicar la participación democrática” de la sociedad en decisiones que afectan a sus condiciones de vida.

Defienden que fijar un SMI propio es clave para un mejor reparto de la riqueza, garantizar derechos sociales y consolidar un modelo laboral más equitativo.

 

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