El Superior de Justicia reconoce a un preso el derecho a cumplir su condena en Euskadi

Vitoria-Gasteiz

Desde que asumiera la gestión de las cárceles vascas, en octubre de 2021, el Gobierno vasco ha rechazado las solicitudes de traslado a Euskadi de más de medio millar de presos. Una decena de ellos ha recurrido esta negativa ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que deberá pronunciarse en los próximos meses. Según el Ejecutivo, el Tribunal solo ha dado la razón a un recluso, que ya ha ha sido trasladado a Zaballa (Álava) y ahora será indemnizado con un millar de euros.

Según han informado fuentes del departamento de Justicia a la Cadena SER, más de medio millar de reclusos han presentado recursos de alzada contra el rechazo a sus solicitudes de traslado a cárceles vascas. El Gobierno vasco suele alegar escasez de plazas en los centros penitenciarios de Zaballa, Martutene y Basauri. En el mes de noviembre estaban cumpliendo pena en las cárceles vascas 1.797 personas, una cifra nunca antes alcanzada.

De ese medio millar de recursos de alzada, solo una decena han llegado hasta la Sala de la contencioso-administrativo del TSJPV, que deberá pronunciarse próximamente. Hasta el momento, según las mismas fuentes, el Tribunal ha desestimado dos recursos y solo ha dado la razón a uno.

Este último preso solicitó en 2022 su traslado a centro penitenciario de la Comunidad Autónoma del País Vasco por vinculación y arraigo. La dirección de Justicia se lo denegó en 2023 por falta de plazas. El recluso interpuso recurso contencioso-administrativo ante el TSJPV, que el 30 de octubre de 2024 declaró su derecho a ser trasladado a un centro penitenciario de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Mil euros de indemnización

Tras la sentencia, el recluso fue trasladado a la prisión alavesa de Zaballa en enero de este 2025, donde sigue cumpliendo su condena. Ahora reclama al Gobierno vasco 150.000 euros por el daño moral sufrido por la demora de su traslado. El Ejecutivo asume su responsabilidad, pero limitará la indemnización a 1.000 euros, teniendo en cuenta los 686 días de demora y los 100 kilómetros de distancia entre la cárcel en la que se encontraba y donde cumple condena ahora.