Amaia Agirre defendió en agosto que el caso del palacete era “un asunto técnico y no político"

La investigación judicial abierta por el derribo del palacete Irurak Bat en Getxo, que este miércoles ha derivado en un registro de la Ertzaintza en el área de Urbanismo del Ayuntamiento, reaviva las declaraciones que la alcaldesa del municipio, Amaia Agirre, realizó el pasado mes de agosto en una entrevista en Hoy por Hoy Bilbao-Bizkaia, cuando el caso comenzaba a generar controversia política.

Entonces, la regidora defendió que la actuación municipal ante el derribo de este edificio protegido —en cuyo proyecto participaban dos concejales del PNV— debía abordarse desde un plano técnico y administrativo, y no político.

“Es un problema técnico, no político”

Durante la entrevista, Agirre fue tajante al desvincular el caso del debate político. “Este problema es un problema técnico. Técnico, no es un problema político”, afirmó al ser preguntada por la demolición del palacete y la implicación de dos ediles de su propio partido en la cooperativa promotora.

La alcaldesa insistió en que el Ayuntamiento de Getxo actuó conforme a la normativa una vez tuvo conocimiento del derribo, que se realizó sin ajustarse a las condiciones de la licencia concedida.

Rapidez, sanción e investigación policial

Según explicó Agirre en agosto, el consistorio reaccionó “con rapidez, rigor y transparencia”, paralizando la obra y abriendo un expediente sancionador contra la constructora. Además, subrayó que el procedimiento administrativo avanzaba en paralelo a una investigación policial, que ahora ha cobrado un nuevo impulso con la actuación judicial.

“El expediente sancionador tiene su curso y su tramitación, y la investigación policial tiene la suya”, señaló entonces la alcaldesa, defendiendo que ambas vías seguían su recorrido de manera independiente.

El derribo y el ahorro económico, en el centro del debate

El caso del palacete ha estado rodeado de polémica desde que se conoció que la demolición completa del edificio permitió abaratar el proyecto. Un informe técnico municipal estimó que la rehabilitación del inmueble protegido habría supuesto un coste significativamente mayor que su derribo y posterior edificación.

Este aspecto ha sido uno de los elementos que más críticas ha generado desde la oposición y que ahora forma parte del análisis judicial sobre un posible delito contra el patrimonio.

La actualidad judicial reabre el debate político

Las declaraciones de Agirre en agosto cobran especial relevancia tras el registro de la Ertzaintza en dependencias municipales y las diligencias abiertas por el juzgado, que investiga posibles delitos de prevaricación y contra el patrimonio.

Mientras la alcaldesa defendía entonces que el asunto debía resolverse desde un enfoque técnico, la oposición cuestiona ahora la gestión del caso y reclama explicaciones políticas adicionales.

Un caso que sigue marcando la agenda en Getxo

Con la causa aún bajo secreto de sumario y nuevas declaraciones judiciales previstas, el caso del palacete de Getxo continúa avanzando en una fase clave. La recuperación de las palabras de la alcaldesa permite contrastar el discurso mantenido en verano con el escenario actual, marcado por la intervención judicial en el Ayuntamiento.

El desarrollo de la investigación determinará si las actuaciones administrativas defendidas entonces como técnicas tienen también consecuencias en el ámbito penal o político.