La comisión del caso del examen policial de Santurtzi agrava el choque político y deja más dudas que respuestas
La oposición acusa al gobierno municipal de querer “pasar página” sin aclarar la presunta filtración y denuncia contradicciones, falta de documentación y una gestión “impuesta” del proceso

La comisión del caso del examen policial de Santurtzi agrava el choque político y deja más dudas que respuestas
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La comisión de investigación abierta en el Ayuntamiento de Santurtzi para esclarecer una posible filtración en un examen de promoción interna de la Policía Local ha intensificado la tensión política tras su segunda sesión. Lejos de disipar las dudas, la comparecencia de los primeros responsables y técnicos ha dejado al descubierto lagunas en el procedimiento, versiones divergentes y un profundo malestar entre los grupos de la oposición.
Dudas sobre la custodia del examen desde el inicio
Uno de los elementos más delicados que ha salido a la luz es que el examen salió del circuito habitual de custodia antes de celebrarse la prueba. Según lo expuesto en la comisión, el documento fue enviado a traducir a euskera a través de un servicio externo, con intermediación política, varios días antes del proceso selectivo. Esa decisión ha centrado buena parte de las críticas, al considerar que pudo comprometer la seguridad y confidencialidad del examen.
Tras celebrarse la prueba, la alcaldesa comunicó el cese de la entonces responsable del área de Seguridad por “pérdida de confianza”, sin detallar públicamente las razones. No fue hasta después cuando se trasladó al tribunal del proceso que esa concejala había tenido acceso al examen desde el principio, una información que no llevó a paralizar el procedimiento.
Comparecencias limitadas y sesión inconclusa
La sesión, que se prolongó durante casi seis horas, solo permitió la comparecencia de siete personas, entre ellas el jefe de la Policía Local, responsables técnicos municipales, miembros del tribunal y una representante de la empresa encargada de la traducción, que aseguró desconocer que el documento correspondía a una OPE. La mayoría de los cargos citados deberán comparecer en una tercera sesión prevista para el 12 de febrero, en la que están llamados sindicatos, responsables informáticos y aspirantes al proceso.
La oposición habla de prisas, imposiciones y contradicciones
Desde el Partido Socialista de Euskadi, su portavoz municipal advirtió de la sensación de que el equipo de gobierno busca cerrar el asunto cuanto antes. A su juicio, no se trata de acelerar el expediente, sino de investigar con rigor un proceso que afecta a la credibilidad institucional.
Críticas similares llegaron desde Elkarrekin Podemos, que denunció la forma en la que se está dirigiendo la comisión, al entender que no se están consensuando los pasos y que se está imponiendo un método que vacía de contenido el trabajo de control de la oposición.
Desde EH Bildu se mostró sorpresa por la actitud del Partido Nacionalista Vasco, que no formuló preguntas relevantes a algunos comparecientes pese a asegurar que es el primer interesado en esclarecer lo ocurrido. Para la formación abertzale, esa falta de iniciativa resulta difícil de encajar con un compromiso real con la transparencia.
El Partido Popular fue más allá y reclamó que la alcaldesa dé explicaciones directas en la próxima sesión. Advirtió, además, de que si la comisión no aclara los hechos, no descartan llevar el caso a la Fiscalía.
El gobierno municipal pide prudencia
Desde Alcaldía se insiste en un mensaje de cautela. El equipo de gobierno mantiene que, si durante la investigación se detecta cualquier irregularidad o vulneración de principios éticos en el proceso selectivo, se actuará con firmeza. Sin embargo, la oposición denuncia que aún no ha recibido una parte significativa de la documentación solicitada, lo que dificulta —según sostienen— un análisis completo de lo ocurrido.
Con la comisión aún en marcha y varias comparecencias pendientes, el caso del examen policial de Santurtzi sigue abierto y lejos de cerrarse políticamente, en un contexto de creciente desconfianza entre gobierno y oposición.




