Getxo trata de sostener una crisis de alcance todavía incierto

Getxo

La imputación de tres concejales y tres técnicas del Ayuntamiento de Getxo ha tensado aún más la ya complicada situación del PNV en el municipio. Finalmente, la Justicia ha empujado hacia lo que hasta ahora no había logrado la propia alcaldesa: apartar a los concejales implicados en el derribo de un palacete protegido del siglo XIX. Con la dimisión de Ignacio Uriarte e Irantzu Uriarte —ambos pareja sentimental y miembros de la cooperativa que posteriormente levantaría 12 pisos de lujo—, y de Iñigo Urkitza, el PNV pierde una tercera parte de los concejales que Amaia Agirre situó en su círculo más cercano y deja muy tocada la imagen pública de la agrupación local.

El desgaste ha sido evidente durante esta segunda legislatura. El largo proceso hasta la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), las pérdidas millonarias en la recaudación de impuestos y multas, y los continuos quebraderos de cabeza en la gestión del puerto deportivo han mermado la capacidad de gestión local. Hace dos semanas, tras los registros de la Ertzaintza en el Consistorio para investigar si se cometió alguna irregularidad más allá del delito contra el patrimonio, la situación ya se había vuelto insostenible.

Durante todo este tiempo, pese a todo, el Partido Popular ha sido valedor de las medidas impulsadas por el equipo de Gobierno, formado en minoría por PNV y PSE, y cuyos votos han sido necesarios para sacar adelante tanto el plan de legislatura como los presupuestos de los últimos años. No así los del presente ejercicio: los populares sospechaban el alcance de este escándalo y el equipo de Gobierno, intuyendo su postura, ni siquiera llegó a presentar las cuentas. Ahora, con el PP pidiendo directamente la dimisión de la alcaldesa mediante una moción en el próximo pleno, su posición se sitúa claramente en el otro lado del tablero.

En medio de todo este escenario aparece el PSE-EE, una formación que ha tratado de ofrecer una imagen de solvencia y moderación a pesar del chaparrón que cae sobre sus socios de Gobierno. Con el levantamiento del secreto de sumario y el goteo diario de nuevas informaciones, más pronto que tarde tendrá que adoptar una postura firme sobre su participación en el Ejecutivo local. No lo tiene fácil, ya que este pacto está supeditado a una estructura de acuerdos que se extiende por todo el territorio vasco.

Por su parte, los partidos a la izquierda del PSE-EE hacen lecturas diferentes. EH Bildu se pone la medalla y saca pecho. Atesora el capital político derivado de ser el primer partico que llevó el asunto ante la Fiscalía. No pide directamente la dimisión de la alcaldesa, en coherencia con la línea argumental mantenida hasta ahora: no tomar decisiones precipitadas, dejar trabajar a la Justicia y, después, ya se verá. Se mostrarán “atentas y observadoras”, recalcan en su último comunicado tras conocer las imputaciones.

"La alcaldesa no tiene claro hasta dónde puede alcanzar esta crisis"

Por último, el único concejal de Elkarrekin Podemos en la tercera localidad más importante de Bizkaia intenta marcar perfil propio entre el PSE-EE y EH Bildu. Aprovecha el hueco que han dejado ambas formaciones progresistas y se lanza directamente a pedir responsabilidades. Llevará al próximo pleno la segunda moción que reclama la salida de Amaia Agirre.

Dos datos reveladores para terminar. En las pasadas elecciones municipales, el PNV se dejó 5.000 votos, lo que se tradujo en la pérdida de dos concejales: pasó de 11 a nueve. Los principales beneficiados de ese retroceso jeltzale fueron precisamente el Partido Popular y EH Bildu, dos partidos destinados a no entenderse. La alcaldesa sabe, al menos, que una moción de censura no le arrebatará la makila. Lo que no tiene claro es hasta dónde puede alcanzar esta crisis.