La plantilla de Txinzer amenaza con la huelga indefinida ante la “absoluta falta de voluntad negociadora”
La huelga en Servicios de Txingudi entra en una fase crítica tras más de 23 días de paros y sin avances en la negociación. El comité de empresa denuncia la “absoluta falta de voluntad” de la dirección y reclama la intervención urgente de los ayuntamientos de Irun y Hondarribia, mientras la plantilla advierte de que, sin cambios en el próximo Consejo de Administración, no descartan convocar una huelga indefinida.
Concentración de la plantilla de Txingudiko Zerbitzuak en la plaza San Juan de Irun (foto: Komite Txingudiko Zerbitzuak)
La huelga en Txingudiko Zerbitzuak – Servicios de Txingudi continúa sin avances tras más de tres semanas de paros y movilizaciones. Este miércoles 28 de enero, el Comité de Huelga se ha concentrado en la plaza San Juan de Irun, frente al Ayuntamiento, donde la presidenta del comité, Alaitz Egiazabal, ha denunciado públicamente “la absoluta falta de voluntad negociadora de la dirección” y ha exigido la implicación inmediata de los grupos políticos que forman parte del Consejo de Administración.
Egiazabal recuerda que la plantilla, encargada de gestionar los servicios de agua y residuos de Irun y Hondarribia, mantiene la huelga ante “el bloqueo total de la negociación del convenio colectivo” y la negativa de la dirección a pactar una solución real. Según explica, la plantilla ha perdido más de 16 puntos de poder adquisitivo en los últimos años sin que la empresa haya adoptado medida alguna para corregirlo. Pese a ser una empresa pública mancomunada, dependiente de los ayuntamientos de Irun y Hondarribia, los trabajadores denuncian que sus salarios están “muy por debajo” de los del personal municipal que realiza funciones similares.
Un operario de Txinzer cobra actualmente alrededor de 28.000 euros brutos anuales, una cifra que, según Egiazabal, está 4.000 euros por debajo del salario de un peón de FCC, empresa subcontratada, aun cuando los trabajadores de Servicios de Txingudi realizan tareas catalogadas como “penosas, peligrosas y tóxicas”. Entre ellas, trabajo en espacios confinados, exposición a gases y laborares de saneamiento y mantenimiento en infraestructuras críticas de abastecimiento y aguas residuales.
La presidenta del comité ha recordado además que en la empresa se han producido accidentes laborales mortales, con dos trabajadores fallecidos por “inhalación de gases tóxicos” y otro por “exposición al amianto”. Pese a ello, la dirección sostiene que parte de la plantilla “cobra de más” y plantea bajadas salariales de hasta 2.000 euros anuales, algo que los trabajadores consideran “insultante”.
Egiazabal ha denunciado también la disparidad salarial entre la plantilla y la propia dirección. Según ha detallado, la directora de Txinzer percibe 94.000 euros anuales, 23.000 euros más que la propia alcaldesa de Irun, que cobra 71.000. “A todos nos gustaría cobrar como en el Ayuntamiento de Irun… menos a ella”, ha ironizado la presidenta del comité, recordando que la dirección rechaza cualquier plan de equiparación con el personal municipal mientras su propia cúpula directiva sí ha visto incrementos salariales importantes en los últimos años.
La semana pasada, los sindicatos se reunieron con los partidos representados en el Consejo de Administración. Varias formaciones mostraron apoyo explícito a la equiparación salarial y a la recuperación del poder adquisitivo, mientras que el PSOE, partido que preside el Consejo, adoptó una posición “fría y distante”, limitándose a prometer que trasladaría la situación a la dirección.
El comité exige a los Ayuntamientos de Irun y Hondarribia que intervengan de manera inmediata. “La responsabilidad de evitar que esto desemboque en una huelga indefinida está en manos de quienes tienen la capacidad de decisión”, afirma. Recuerdan además que el Consejo de Administración, previsto inicialmente para el 26 de enero, ha sido pospuesto al 10 de febrero, un movimiento que la plantilla interpreta como “una estrategia para desgastar” y retrasar pagos de atrasos y pluses.
En cuanto al convenio colectivo, Egiazabal recuerda que la última reunión real se celebró en junio, tras una cancelación unilateral de la empresa en mayo. En aquella sesión, el comité decidió levantarse de la mesa al comprobar que la dirección rechazaba abordar cuestiones salariales y mantenía la prohibición de incrementar la masa salarial. Desde entonces, la negociación está completamente bloqueada.
En diciembre, durante una reunión trimestral, el comité exigió retomar la negociación completa del convenio. La empresa se comprometió a fijar una fecha en enero, pero la convocatoria no llegó hasta finales de mes y propone reunirse el 5 o 6 de febrero. “Hace más de 10 días que pedimos adelantar esa reunión. Estamos en huelga y lo normal sería que ambas partes estuvieran interesadas en sentarse. Pero no obtenemos respuesta”, lamenta Egiazabal.
Ante la falta de avances, el Comité de Huelga advierte: si no hay cambios en el Consejo de Administración del 10 de febrero, la plantilla no tendrá más opción que convocar una huelga indefinida. “No queremos llegar a ese escenario, pero la empresa nos ha empujado hasta aquí”, concluye la presidenta del comité.