La Fiscalía abre diligencias por las vacunas caducadas para investigar si existió riesgo para la salud
Tras recibir "varias" denuncias, quiere aclarar si el suministro de la vacuna hexavalente pudo constituir un delito penal

Una persona recibe la primera dosis de la vacuna en Bilbao / H.Bilbao - Europa Press (EUROPA PRESS)

La Fiscalía del País vasco ha abierto diligencias tras recibir varias denuncias relacionadas con la administración de centenares de dosis caducadas de la vacuna hexavalente. La investigación petende aclarar si existió un riesgo para la salud, según han confirmado fuentes de la Fiscalía a la Cadena SER.
La actuación del Ministerio Público se produce pese a que el Gobierno vasco ha insistido públicamente en que la vacunación con dosis caducadas no ha tenido efectos adversos en la salud, y en que se trató de un "fallo grave, pero sin consecuencias clínicas" para los afectados.
La Institución que dirige Carmen Adán ha iniciado dichas diligencias a raíz de la petición, entre otras, de la asociación El Defensor del Paciente que ha requerido a la Fiscalía que "investigue de oficio lo sucedido" porque "no es excusa que las dosis caducadas no suponen riesgo para la salud y que aquí no pasa nada, porque con recibir un nuevo pinchazo ya está", según ha explicado su abogada Carmen Flores a la SER.
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Carmen Flores, abogada de la Asociación en El Defensor del Paciente sobre las vacunas caducadas
Investigación para aclarar si hubo riesgo penalmente relevante
El foco de la Fiscalía no está, por ahora, en confirmar daños concretos, sino en determinar si el suministro de medicamentos caducados o deteriorados pudo suponer un riesgo real.
Las diligencias abiertas buscan esclarecer si los hechos encajan en el delito de suministro de medicamentos caducados o deteriorados, una figura recogida en el Código Penal, que contempla penas de entre seis meses y tres años de prisión en aquellos casos en los que se acredite riesgo para la vida o la integridad de las personas.
Un paso más tras el reconocimiento de un “error grave”
La intervención de la Fiscalía se produce después de que el propio consejero de Salud del Gobierno vasco reconociera públicamente que lo ocurrido fue un “error muy grave”, al haberse administrado vacunas fuera de plazo, y de que se anunciara la apertura de una investigación interna para depurar responsabilidades administrativas y esclarecer cómo se quebraron los protocolos de control.
Desde el Departamento de Salud se ha reiterado que, según los informes técnicos disponibles, las vacunas no perdieron eficacia ni generaron efectos adversos, y que el seguimiento clínico de los afectados no ha detectado problemas de salud.
Denuncias y preocupación social
Las denuncias que han motivado la actuación de la Fiscalía reflejan la preocupación social generada por el caso, especialmente al tratarse de vacunas administradas a menores, en su mayoría lactantes. Aunque las autoridades sanitarias han insistido en la ausencia de riesgos, la Fiscalía considera necesario comprobar de forma independiente si los hechos pudieron poner en peligro a los pacientes.
La investigación permitirá también aclarar si los controles fallaron en un único punto o si existieron varios errores encadenados, una cuestión clave para determinar eventuales responsabilidades.
Investigación en curso
Por el momento, la Fiscalía no ha adoptado decisiones sobre imputaciones ni ha calificado jurídicamente los hechos. Las diligencias abiertas servirán para recabar información, informes médicos y administrativos, y evaluar si procede o no avanzar hacia una investigación penal formal.
El caso de las vacunas caducadas entra así en una nueva fase, con la intervención del Ministerio Público, mientras el Gobierno vasco mantiene que no ha habido consecuencias para la salud de las personas afectadas.




