Euskadi se prepara para la regularización extraordinaria mientras el Bidasoa evidencia la urgencia del proceso

Euskadi observa con atención el avance del real decreto de regularización extraordinaria que el Gobierno central está tramitando y que podría permitir legalizar la situación de hasta 700.000 personas migrantes en España. Aunque el texto aún no es definitivo, los tres territorios vascos se preparan para un proceso que tendrá un impacto directo en miles de residentes, especialmente en comarcas como el Bidasoa, donde la llegada de personas migrantes se ha intensificado en los últimos años.

En la Comunidad Autónoma Vasca la red de apoyo comunitario y las entidades sociales llevan meses reclamando herramientas legales que permitan reducir la vulnerabilidad de quienes llevan tiempo viviendo, trabajando y criando a sus hijos en situación administrativa irregular. El caso del Bidasoa es paradigmático: una zona fronteriza con flujos migratorios constantes y donde pequeñas asociaciones como Bizirun, en Irun, se han convertido en pieza clave de acompañamiento.

En Radio Irun, Carlos Remacha, representante de Bizirun, recuerda que el decreto “no está aprobado todavía”, sino que se encuentra en audiencia pública y a la espera de informes ministeriales y del Consejo de Estado. Aun así, calcula que para marzo podría conocerse el texto final y que las primeras solicitudes podrán presentarse “en abril, previsiblemente hasta finales de junio”.

El anuncio ha multiplicado las consultas en la entidad, una asociación de carácter voluntario, sin financiación pública y con una metodología de trabajo “de persona a persona”. Según Remacha, están “desbordados” ante las peticiones de información, no solo de vecinos del Bidasoa, sino también de Donostia, Rentería, Tolosa o incluso Bilbao, lo que evidencia la magnitud del impacto que el decreto tendrá en Euskadi. Para el portavoz, es esencial recordar que las personas migrantes que viven en el Bidasoa “son vecinos”, no cifras ni expedientes.

Para responder a esta demanda, Bizirun ha organizado dos charlas informativas en Palmera Montero (Irun): la primera el jueves 12, y una segunda el martes 17, ante la avalancha de solicitudes. Hasta que el decreto sea definitivo, recomiendan tranquilidad y ofrecen pautas claras para preparar la documentación: mantener el pasaporte en vigor, obtener el empadronamiento histórico y esperar antes de solicitar antecedentes penales, ya que en muchos países caducan a los tres meses.

Entre quienes ven esta regularización como una oportunidad están Martha Martínez, colombiana, y Flor Rojo, peruana, dos mujeres, vecinas de Irun, que relatan en la SER sus trayectorias marcadas por la inseguridad en sus países de origen y por la fragilidad administrativa en España. Historias como las de estas mujeres muestran el impacto real que tendrá esta medida en la vida cotidiana de quienes llevan meses, incluso años, en una situación de vulnerabilidad legal y emocional.

Martha llegó con su familia solicitando protección internacional tras huir de una situación de violencia. Aunque obtuvo permiso de trabajo durante el procedimiento, la posterior denegación les devolvió a la incertidumbre. “Fue como caerse por las escaleras de golpe”, explica, recordando el impacto emocional de volver a depender de recursos jurídicos y renovaciones mensuales. Asegura que “la vida cambia completamente cuando se puede trabajar legalmente”. Aun así, ella y su marido han seguido trabajando: ella como sociosanitaria y empleada doméstica, él como repartidor tras obtener el canje de su permiso de conducir.

La regularización extraordinaria, asegura, les devuelve un “aire nuevo” y abre una vía de estabilidad para sus hijas adolescentes, Diana Carolina y Ana Sofía. “No somos documentos, somos personas con historias reales”, recuerda Martha, insistiendo en que decidir irse del propio país “es un acto de supervivencia, no una elección fácil”.

En una situación distinta, aunque igualmente vulnerable, se encuentra Flor Rojo, residente en Irun desde julio con su marido y sus dos hijos pequeños. Por la reforma de mayo, su familia tenía que esperar dos años antes de poder regularizarse, lo que les obligaba a vivir sin permiso de trabajo pese a estar formándose. “Es muy difícil vivir sin papeles, porque incluso estudiar puede acarrear multas si sales a la calle”, explica. Su marido, que asistía a clases, recibió sanciones por encontrarse en situación irregular. Sin ingresos estables, cada multa o trámite jurídico es un obstáculo casi insalvable.

Flor, comunicadora social, y su marido, publicista, huyeron de Perú por amenazas de extorsión vinculadas a la inseguridad creciente. “No vinimos buscando ventajas, vinimos buscando salvar a nuestros hijos”, apostilla. La futura regularización les permitirá trabajar, aportar impuestos y estabilizar su vida emocional: “Esta medida nos da tranquilidad. Podemos empezar de nuevo, no desde cero”.

Las dos coinciden en una idea recurrente, la de “aportar”. Tanto Martha como Flor subrayan que las personas migrantes trabajan incluso sin papeles, sosteniendo parte de la economía sumergida y desarrollando funciones esenciales como cuidados, construcción o reparto. Además, insisten en que “con o sin papeles”, trabajan, y que lo único que cambia es "poder hacerlo con derechos”.

Ante el previsible aluvión de solicitudes, Bizirun hace un llamamiento urgente a voluntarios que puedan ayudar con tareas básicas: escanear pasaportes, organizar documentación o asistir con trámites telemáticos. Asimismo, han puesto en funcionamiento un WhatsApp 626 195 209 para consultas y también para captar voluntarios. “Necesitamos manos”, pide Remacha, consciente de que el volumen de solicitudes en Euskadi puede ser muy alto.